Incumplimiento contractual y presuntas irregularidades opacan la modernización de la movilidad urbana en Ibagué. Tanto la instalación de paraderos como la semaforización, proyectos valorados en más de $16 mil millones, presentan serios retrasos, con la Contraloría Municipal advirtiendo un 90% de incumplimiento físico en las obras de infraestructura, generando incertidumbre y preocupación en la ciudadanía.
Ibagué: Proyectos Clave del SETP, Semaforización y Paraderos, Sumidos en Incumplimientos y Retrasos Críticos
Incumplimiento contractual y presuntas irregularidades opacan la modernización de la movilidad urbana en Ibagué. Tanto la instalación de paraderos como la semaforización, proyectos valorados en más de $16 mil millones, presentan serios retrasos, con la Contraloría Municipal advirtiendo un 90% de incumplimiento físico en las obras de infraestructura, generando incertidumbre y preocupación en la ciudadanía.
La modernización del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Ibagué enfrenta un panorama desolador, con dos de sus proyectos más importantes, la instalación de 1.150 paraderos y la modernización de la red semafórica, estancados a pesar de tener contratos adjudicados y millonarios presupuestos. La ejecución de estas obras, vitales para la movilidad urbana, brilla por su ausencia, desatando críticas y llamados a la acción por parte de los organismos de control. Los documentos oficiales revelan que el proyecto de semaforización, valorado en más de $8 mil millones y a cargo de la Unión Temporal Smart City y el consorcio Inter Semafóricas Ibagué, debió haber iniciado en febrero. Sin embargo, a la fecha, la intervención en las calles es prácticamente nula, a pesar de que el acta de inicio fue firmada el 20 de febrero por el consorcio y el director operativo del SETP. Este retraso evidencia una grave falla en el cronograma, generando dudas sobre la capacidad del contratista para cumplir con lo pactado.
La situación del proyecto de semaforización es particularmente preocupante debido a los inconvenientes técnicos reportados. Se ha dado a conocer que la primera prueba técnica de los equipos fue fallida, y una segunda prueba con otro integrante del consorcio tampoco habría resultado satisfactoria. El gerente del SETP, Aquileo Medina, ha manifestado que el contratista no está suministrando los equipos solicitados en el pliego de condiciones, lo que impide el avance del proyecto. Medina ha sido enfático en que no se permitirá la instalación de equipos diferentes a los especificados, y aunque asegura que el proyecto “sigue vivo”, no descarta la posibilidad de que se caiga, lo que llevaría a iniciar una segunda fase para la intervención de 64 intersecciones adicionales.
El proyecto de instalación de paraderos, adjudicado en 2024 y con un valor inicial de $9.118 millones (ajustado a $8.200 millones), enfrenta un estancamiento igualmente alarmante. A pesar de haber sido adjudicado al Consorcio Paraderos 25, representado por el ingeniero Juan Carlos Ramírez Ospina, las obras no han iniciado. La Contraloría Municipal ha encendido las alarmas, revelando un preocupante incumplimiento físico del 90%. De los 20 ítems previstos para la implementación del SETP, 12 presentan retrasos significativos, lo que representa un 60% del cronograma incumplido, según los informes de control.
La historia contractual de los paraderos es un enredo de cifras y fechas que aumenta la incertidumbre. Aunque el contrato inicial se firmó en 2024 con vigencia hasta julio de 2025, el proyecto fue modificado y ajustado a $8.200 millones, con una nueva vigencia entre el 9 de abril y el 5 de septiembre de 2025, con una duración de 210 días. Pese a estas múltiples versiones y ajustes, la ejecución en terreno es nula. Esta falta de avance, a pocos días de la fecha de terminación original, resalta una gestión deficiente y una preocupante falta de planificación que afecta directamente la puesta en marcha del sistema de transporte.
La elección del contratista para los paraderos, el Consorcio Paraderos 25, ha generado controversia y levantado sospechas de favoritismo. El ingeniero Juan Carlos Ramírez Ospina, representante del consorcio, ha sido beneficiado recurrentemente con contratos durante la administración anterior, a pesar de su historial de incumplimientos. Además, se ha conocido que Ramírez Ospina inició trámites para acogerse a la ley de insolvencia apenas un mes después de la adjudicación, lo cual pone en duda la viabilidad financiera del proyecto y la idoneidad de su selección. Existían hasta cuatro propuestas con mejores condiciones económicas y técnicas que fueron desestimadas en el proceso de adjudicación.
El historial de incumplimientos del contratista no se limita al proyecto de los paraderos. Ramírez Ospina ha sido señalado por retrasos en otras obras, como la entrega del primer tramo de la calle 103, que tardó el doble del tiempo prometido. La situación se agrava al saber que el contratista, a pesar de incumplir con la obra actual, busca activamente otro contrato por $35.000 millones con el IBAL. Este patrón de comportamiento genera una seria preocupación sobre la capacidad y compromiso del contratista con las obras públicas de la ciudad.
El proyecto de modernización semafórica, denominado SETP-SAMC-061-2024, tiene un valor estimado de $9.459.770.370,6 COP y fue adjudicado como una “Selección Abreviada de Menor Cuantía”. La descripción del proceso indica que se trata de la contratación para el suministro, obra e instalación para la puesta en funcionamiento de la red semafórica del municipio de Ibagué. Aunque el estado del proceso figura como “adjudicado y celebrado”, la realidad en terreno, confirmada por el gerente del SETP, muestra que la ejecución del proyecto no ha iniciado debido a las fallas en las pruebas técnicas y la falta de equipos adecuados por parte del contratista.
En cuanto a los paraderos, la información del proceso SETP-LQP-172-2024 indica un precio estimado total de $9.118.993.670,31 COP para la contratación del suministro e instalación de paraderos Tipo III, incluyendo obras de mejoramiento de andenes. El estado del proceso también figura como “Proceso adjudicado y celebrado”, con una duración del contrato de 210 días. Sin embargo, la falta de avance físico y el incumplimiento del 90% reportado por la Contraloría Municipal son evidencia de una grave crisis en la ejecución del proyecto, dejando a Ibagué sin la infraestructura necesaria para su sistema de transporte.
La administración local y los organismos de control deben asumir su responsabilidad y tomar medidas contundentes para resolver esta situación. La ciudadanía de Ibagué exige transparencia y la garantía de que los recursos públicos se inviertan eficientemente en proyectos que mejoren la calidad de vida y la movilidad urbana. Es imperativo que se investiguen a fondo las irregularidades en la adjudicación y se garantice el cumplimiento de los contratos, o se tomen las acciones legales correspondientes contra los contratistas incumplidos. El SETP sigue siendo una promesa incumplida, y los ibaguereños merecen mejoras reales en su transporte público.
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