La polémica en torno a los hermanos Charry, quienes fueron grabados en Ibagué en un incidente en el que se les ve insultando y atropellando a sus trabajadores, ha dado un nuevo giro. La territorial del Ministerio de Trabajo del Tolima anunció el cierre de la investigación en su contra, basándose en dos argumentos clave.
El primero de ellos señala que los trabajadores vinculados por prestación de servicio tienen un contrato civil y no laboral, lo que, según la entidad, excluye la posibilidad de considerar la conducta de “acoso laboral” en este contexto. Este argumento ha generado críticas y debate sobre la interpretación de las relaciones laborales en el país.
El segundo argumento sostiene que aquellos trabajadores con contrato laboral deben acudir ante un juez laboral, ya que solo esta autoridad posee la competencia para determinar si existe “acoso laboral”. Esta decisión ha generado controversia sobre la eficacia y celeridad de los procesos judiciales en casos de presunto acoso en el ámbito laboral.
El inspector de trabajo de Ibagué ha ordenado archivar las investigaciones contra los hermanos Charry, quienes son los representantes legales de Charry Trading Sas. La resolución ha levantado críticas por parte de sectores que abogan por una mayor protección de los derechos de los trabajadores y una revisión más exhaustiva de los casos de presunto acoso laboral.
La noticia ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión en las relaciones laborales, así como la importancia de garantizar que los trabajadores cuenten con vías efectivas para denunciar situaciones de acoso o maltrato en el entorno laboral.
La decisión de cerrar la investigación plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema actual para abordar estas problemáticas de manera justa y equitativa.