Por: Liga Contra el Silencio y Cross Media Lab
Édgar Camargo Pernía, de 49 años, está desaparecido desde el 22 de septiembre de 2020, cuando salió de Boca de Grita, en el estado de Táchira, Venezuela, hacia Puerto Santander, una población colombiana a orillas del río Zulia, en Norte de Santander. Su rastro se perdió tras llegar junto a Yervis Javier Cortés, un obrero de 23 años que trabajaba en su finca. Camargo, pensionado de la Guardia Nacional Bolivariana, se dedicó a la ganadería en Orope, occidente de Venezuela, donde tiene una propiedad.
“Ellos tomaron una moto, que dejaron en un parqueadero del lado venezolano, pues debían tomar una canoa para cruzar y llegar a una trocha de Puerto Santander. Unas personas los pararon y les pidieron dinero para continuar, pero el ordeñador de la finca (Yervis) al parecer no quiso pagar”, cuenta un familiar de Camargo que teme ser identificado por Los Rastrojos, uno de los grupos armados ilegales que operan en la frontera, y a quienes señala como responsables de la desaparición. Este grupo está presente en 14 regiones del país, incluyendo la frontera con Venezuela, según la plataforma periodística InSight Crime.
“Varios familiares vieron todo y nada pudieron hacer. Pasaron las horas y no regresaron. Como a las tres de la tarde, cuando todo el mundo estaba angustiado, se arrimó alguien pistola en mano a decir que se fueran y no denunciaran la desaparición”, cuenta el familiar de Camargo.
Según datos de Naciones Unidas, en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre 2016 y 2019, hubo al menos 43 familias que perdieron el rastro de algún miembro cuando cruzaba por trochas ilegales debido al cierre parcial de los puentes fronterizos, una crisis que ya completa seis años. La mayoría de las víctimas tiene entre 20 y 39 años. De acuerdo a la comunicación suscrita por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, los cadáveres o restos de algunos desaparecidos estarían siendo inhumados o lanzados a ríos cercanos en un territorio controlado por grupos ilegales como el Ejército Popular de Liberación (EPL), Los Rastrojos, las disidencias del Frente 33 y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Estas prácticas son usadas por los grupos armados contra quienes transitan por una de las fronteras más complejas. Para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, existe entre los dos gobiernos una “falta de investigaciones efectivas y cooperación binacional” para atender estos casos, en medio del recrudecimiento de la violencia. También recoge denuncias sobre el uso de contenedores donde asfixian a quienes desobedecen las órdenes de los grupos ilegales. Los grupos convergen en una región que en 2020 registró seis masacres con 28 víctimas en Cúcuta, Tibú, Ábrego y Ocaña.
Aunque ha transcurrido un año desde la desaparición de Camargo y Cortés, los familiares no pierden la esperanza de encontrar respuestas. El caso ha sido investigado por diferentes medios locales, pero recabar información ha sido difícil: la ley del silencio se impone en la frontera. Se ha hablado de un posible secuestro, pero al no existir señales de vida, las familias denunciaron su desaparición forzada. La Policía de Norte de Santander y Cúcuta, la Gobernación y la Alcaldía de esa ciudad no respondieron las consultas realizadas.
Desde hace un año los vecinos de la trocha ‘El Sapito’, donde desaparecieron Camargo y Cortés, cuentan que quienes controlan Puerto Santander han respondido siempre lo mismo sobre su paradero: “Mejor busquen a la orilla del río”.
“Aquí en la frontera se llevan a las personas, civiles o militares, hacen lo que les da la gana. Incluso los matan y piden rescate para entregar el cadáver. Uno se cansa de ver a familias destruidas, y lo que hay es silencio’, dijo un pensionado de la Guardia Nacional Bolivariana al medio Infobae.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar tiene coordenadas de 14 posibles fosas comunes en fincas y otros espacios de Cúcuta, Tibú y los corregimientos de Juan Frío, La Gabarra y Palmarito, en Colombia. En Venezuela los cuerpos estarían en dos cementerios y una finca del estado Zulia, frontera con Puerto Santander, según los testimonios recogidos.
En ese triángulo se le perdió el rastro el 8 de octubre de 2018 a Nelly Martínez, colombiana de 39 años, vista por última vez en el barrio El Escobal, en Cúcuta, cerca de una trocha que conecta a Colombia con Venezuela. Testigos le contaron a su familia que ella llegó al sitio para saldar una deuda que tenía con alguien por su trabajo como vendedora informal de gasolina. Un familiar de Martínez cuenta que unos hombres en moto se la llevaron a la fuerza. La razón: una posible retaliación por una supuesta denuncia suya contra un grupo ilegal llamado ‘La Línea’.
Este familiar visitó varias veces la trocha y preguntó por ella, pero en una ocasión casi no la dejan salir. Un hombre le dijo que debía esperar un permiso para abandonar el territorio. Pese a las pistas que tienen, denuncia que las autoridades no han logrado esclarecer esta desaparición forzosa que se dio en territorio fronterizo, como lo ratificó la Fiscalía en su comunicación a Naciones Unidas, donde manifestó que investiga tres casos ocurridos entre 2016 y 2019. Para el ente acusador, sin embargo, estas desapariciones no son transfronterizas. Es decir, no se circunscriben al borde que comparten Colombia y Venezuela.
En ese mismo triángulo estaría ubicada una fosa común, en la trocha ‘La Mona’, donde podría estar el cuerpo de Yeison (nombre cambiado por seguridad). Se trata de un mototaxista desaparecido el 9 de abril de 2010 en el barrio El Escobal, en Cúcuta. Es uno de los seis registros de inhumaciones ilegales en la frontera a los que accedió La Liga.
Aunque este caso podría indicar que las desapariciones en la frontera son un fenómeno histórico, para Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, la crisis migratoria sí ha expuesto más a los ciudadanos de los dos países con las dinámicas violentas. Progresar está acompañando casos de violencia sexual en La Parada (Villa del Rosario, Norte de Santander), donde estan algunas de las trochas más frecuentadas. “Hay doce estructuras armadas en la frontera con Venezuela, en todos sus 122 kilómetros de extensión. Hablamos de Tibú, donde está la trocha ‘Campo Dos’; las del área rural de Cúcuta, las de Puerto Santander, las de El Escobal, Boconó, Tienditas; la de La Parada con San Antonio del Táchira, la del corregimiento de Juan Frío cruzando la zona a Llano de Jorge, Venezuela”, explica Cañizares.
El fenómeno es mucho más complejo si se tiene en cuenta que Colombia y Venezuela no tienen convenios para compartir bases de datos que faciliten la identificación de cuerpos, como lo reclama el director de la Fundación Progresar. Ellos mismos han documentado uno a uno los casos de desaparición transfronteriza.
Progresar entregó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas la base de datos de su Observatorio de Derechos Humanos, donde figuran las posibles coordenadas de 14 fosas ilegales ubicadas a ambos lados de la frontera.
Una astilla en el corazón
“Lo peor es no saber nada; nadie nos presta atención. A mi papá lo metieron a una lista interminable, porque la desaparición de él no es el último caso en la frontera. Lo último que llegó a nuestros oídos fue que no buscáramos más a nuestros familiares; que los mataron y los enterraron en una fosa común”.
Es el testimonio Olga Juliana Martínez, una colombiana que vive en Cúcuta. Su padre, Alberto Martínez Aguilar, un santandereano de 58 años, desapareció el 1 de marzo pasado junto a su amigo Iduar Loaiza, cuando llegaron al corregimiento de Palmarito, a hora y media de Cúcuta, a prestar un servicio de acarreo que le contrataron a través de Facebook, otra modalidad de desaparición en la frontera.
“Adónde no he ido: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la personería de Zulia, el Consejo Noruego. Y no hay respuesta. Lo único que encontré fue la camioneta quemada en la vía al sector conocido como El Infierno”, cuenta Martínez. El 2 de marzo se presentó en la estación de Policía de San Mateo, y para ellos no se trataba de una desaparición, aunque los hombres llamaron para pedir 20 millones de pesos.
Hacia las once de la mañana ese 2 de marzo, Alberto Martínez Aguilar habló por teléfono con otro de sus hijos y le contó que iba hacia el punto donde lo habían citado. Después su esposa recibió una llamada donde le informaron que Martínez Aguilar estaba en manos del ELN y debían conseguir el dinero o lo mataban.
“Volvieron a marcar y mi madre dijo que no tenía ese dinero; que si lo iban a matar, que lo hicieran, pero que por lo menos le dijeran dónde iban a dejar el cuerpo. Ahí sonaron dos disparos y dijeron que fuéramos a La Y de Astilleros”, cuenta otro hijo.
La familia reunió a más de 20 personas, entre amigos, familiares y miembros de unas iglesias cristianas, que durante la mañana del 3 de marzo caminaron por Palmarito, Puente León y Banco de Arena visitando predios en busca de testigos. Esa búsqueda tuvieron que suspenderla, porque a Olga Juliana Martínez se le acercó un hombre y les dio diez minutos para salir de la zona.
Se trata de un lugar de alto riesgo, tanto para los habitantes de los corregimientos de Banco de Arena y Palmarito, como para los que residen y frecuentan la zona rural de Cúcuta, como Aguaclara, San Faustino, Guaramito, Ricaurte y Puerto Villamizar. Esos caminos los recorrieron los familiares de Alberto, pero no las autoridades, quienes atendieron el caso por teléfono. La Defensoría del Pueblo emitió el 13 de marzo de 2020 la alerta temprana No. 011, donde advierte el riesgo que corre la población por posibles enfrentamientos entre el Ejército, el ELN y Los Rastrojos.
El caso de Alberto Martínez, que está siendo investigado por una Fiscalía en Cúcuta, es uno más entre las 784 personas que siguen desaparecidas en Norte de Santander desde 1999, año en el que un escuadrón de paramilitares del Bloque Catatumbo entró al corregimiento de La Gabarra y, con lista en mano, asesinó a 35 personas.
Desde entonces, la frontera ha vivido cambios que pueden percibirse cuando se camina por La Parada, en Villa del Rosario, y el barrio El Escobal, en Cúcuta, donde a diario transitan migrantes, comerciantes y vendedores de gasolina que buscan cruzar por trochas con el combustible de un país a otro, pues los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander siguen abiertos parcialmente solo para casos especiales, como tránsito de estudiantes, personas con citas médicas y otros motivos de fuerza mayor.
Según Luciano Hazan, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las anotaciones hechas por este organismo a los dos países, así como las respuestas de Colombia (Venezuela no se ha pronunciado), serán evaluadas en una reunión en Ginebra, Suiza, del 20 al 29 de septiembre de 2021.
Una de esas personas que desde hace tres años busca a su hijo en la frontera es Miyerlander Barreto Orozco, quien desde el 19 de septiembre de 2018 le perdió el rastro a Andrés David Laguado Barreto cuando salió de su casa hacia la trocha de El Escobal, en Cúcuta. Lo ha buscado en hospitales, en Medicina Legal y hasta en huecos que ella ha cavado en la frontera. Sin éxito.
“Es triste saber que estoy cavando para ver si encuentro a mi hijo. Andrés lleva 33 meses desaparecido y todo está tal cual desde el momento en que él salió de la casa”, dice Miyerlander. Ella cuestiona el trabajo de las autoridades, pues considera que no le han dado celeridad a las pesquisas porque su hijo trabajaba como vendedor de gasolina. “Tristemente es un número más. Mi hijo no tiene saco ni corbata. Él llega sucio, embarrado, sale a trabajar”, cuenta.
Sin indicadores de esclarecimiento
No es claro cuántos casos ha logrado esclarecer la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada con la Ley 589 de 2000. Una funcionaria de esta entidad, que pidió no ser identificada, cuenta que para remitir un informe a Medicina Legal o a la Fiscalía, con datos o pruebas de un caso, ya eso es un “impulso positivo”. Es decir, un caso resuelto para sus indicadores.
“Esto pasa mucho. Como también que la muestra biológica tomada a familiares corresponda a un Cuerpo No Identificado, CNI. Ahí hay un impulso positivo para la Comisión. En otros casos sucede que personas aportan datos y al nosotros remitirlos a la Fiscalía ya es una iniciativa nuestra, por eso no tenemos un indicador de ese tipo (casos esclarecidos)”, dice la fuente. Según ella, cada caso es tratado como desaparición forzada en general, sin discriminar si ocurre en la frontera.
“No tenemos ningún tipo de tipificación que haga especial referencia a desaparición transfronteriza, porque no ha sido un requerimiento pedido en consultas. Hace un tiempo recibimos una solicitud de cuatro mecanismos internacionales y ahí generamos nosotros una cifra de desapariciones forzadas en municipios fronterizos, general, porque no es un ítem que esté discriminado en el Registro Nacional de Desaparecidos”, añade la funcionaria.
La estadística a la que hace referencia está consignada en las respuestas de Colombia a la carta de Naciones Unidas, donde la Comisión indica que hay 710 casos de personas desaparecidas en municipios fronterizos, de los cuales en 31 reportes las víctimas han aparecido con vida, mientras que 15 han aparecido muertas y 664 continúan desaparecidas. El caso más antiguo es de 1975.
La asistencia judicial a los casos no es proporcional al esclarecimiento de los mismos, si se tiene en cuenta el trabajo de identificación en inhumaciones en Cúcuta. En respuesta a La Liga, la Fiscalía indicó que entre 2011 y 2019 realizaron 10 exhumaciones en Norte de Santander, logrando la plena identificación de siete víctimas de desaparición forzada. Actualmente en el Cementerio Central de Cúcuta hay 514 Cuerpos No Identificados que reposan en bóvedas desde 1999. En total 514 familias que no han identificado a sus seres queridos.
Lo anterior se suma a las observaciones planteadas por Naciones Unidas sobre la existencia de “prácticas de corrupción y alianzas” entre políticos y militares en la frontera, junto a la presencia de grupos armados organizados, un coctel que agrava la falta de acceso a la justicia de las familias en contextos fronterizos.
Esa ausencia de control de la que habla Naciones Unidas la usan los delincuentes para desaparecer personas entre Colombia y Venezuela y luego inhumar en fosas comunes, como lo evidencia el mapa de coordenadas construido por esta alianza. Desde 2015 la Fiscalía investiga 21 casos de desaparición forzada en Norte de Santander, de los cuales nueve están archivados, ocho en proceso de indagación y cuatro en juicio, sindicados listos para condena o absolución.
De esa persecución del delito, pero desde el lado venezolano, habla Francisco Javier Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de los Andes, en Táchira. La poca participación de las autoridades de Venezuela para frenar la desaparición forzada en la frontera, dice Sánchez, se debe a varias razones. Una de ellas tiene que ver con una especie de Estado paralelo que controla los pasos irregulares entre los dos países, mientras falta coordinación entre las dos naciones, pues no existen relaciones diplomáticas.
El investigador recuerda que las dos naciones no se sientan a hablar de seguridad fronteriza desde 2001, cuando el 2 y 3 de mayo de ese año en Caracas se reunió la Comisión Binacional de Fronteras, Combifron, que hoy parece desaparecida en la agenda de ambos gobiernos. La frontera es una especie de tercer país, donde las personas viven expuestas a la violencia y desatendidas por sus respectivos estados.
