La investigación señala que los exfuncionarios habrían autorizado pagos irregulares por más de $780 millones en convenios de apoyo, utilizando facturas falsas y documentos sin respaldo real. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en el proceso judicial que rodea la corrupción de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2015, al imputar el delito de peculado por apropiación a tres exfuncionarios del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri). El ente acusador señaló que los investigados habrían autorizado y supervisado pagos millonarios que no se reflejaron en la ejecución real de los contratos.
Los procesados son Maritza Fernanda Rozo Riveros, exdirectora administrativa, financiera y técnica del Imdri; Charfi Adolfo Góngora Mendoza, profesional universitario; y Nicolás Felipe Salcedo, quien ejerció funciones transitorias de coordinación en actividades deportivas. Durante la audiencia, ninguno de los tres aceptó los cargos que les fueron imputados por el ente investigador.
De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades se habrían registrado entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, periodo en el cual los exfuncionarios intervinieron en la supervisión y aprobación de convenios de apoyo relacionados con la preparación de los Juegos Nacionales. Según el expediente, se autorizó el pago de facturas y cuentas de cobro falsas, presentadas con documentos que no correspondían a quienes supuestamente prestaron los servicios.
En el caso de Maritza Rozo Riveros, la Fiscalía la vinculó a cuatro convenios que representaron un presunto detrimento de $168.190.000. Por su parte, Charfi Góngora Mendoza figura como responsable en la supervisión de nueve convenios que ascienden a $465.125.451. Finalmente, Nicolás Felipe Salcedo habría intervenido en cinco convenios con un valor estimado de $153.180.000.
El ente investigador asegura que los convenios fueron aprobados sin una verificación adecuada, lo que permitió el pago de recursos públicos sin respaldo en la ejecución real de las actividades deportivas. Estas irregularidades forman parte del entramado de corrupción que rodeó la organización de los juegos, escándalo que ha tenido repercusión nacional.
La Fiscalía destacó que la imputación hace parte de la estrategia de lucha contra la corrupción en el sector público, especialmente en proyectos de alto impacto social como el deporte. Según el organismo, las prácticas detectadas reflejan un uso indebido de los recursos que estaban destinados a la preparación de los atletas.
A pesar de las evidencias presentadas, los tres exfuncionarios no aceptaron responsabilidad en los hechos. La investigación continuará con la recopilación de pruebas testimoniales, periciales y documentales que permitan avanzar hacia un eventual juicio oral en el que se definirá su responsabilidad penal.
La ciudadanía y las organizaciones de control han seguido de cerca el proceso, dado que la corrupción en los Juegos Nacionales 2015 dejó a Ibagué con escenarios deportivos inconclusos y una profunda crisis en la confianza hacia las instituciones. Con esta nueva imputación, la Fiscalía reafirma su compromiso de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de los manejos irregulares.
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