El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla será imputado por tráfico de influencias e interés indebido en contratos dentro del caso UNGRD. La Fiscalía espera la validación de un principio de oportunidad a testigos clave para avanzar en el proceso.
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Así lo confirmó la fiscal del caso, María Cristina Patiño, quien señaló que se le atribuirán los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Esta decisión se tomará luego de que un juez de control de garantías avale el principio de oportunidad a favor de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave en el proceso. Benavides habría servido de enlace entre el despacho del entonces ministro Bonilla y congresistas que buscaban la aprobación de proyectos regionales.
Según la Fiscalía, el caso forma parte de uno de los cuatro capítulos del escándalo de la UNGRD, que vincula a altos funcionarios del Gobierno y congresistas que, presuntamente, recibieron contratos a cambio de apoyar los proyectos legislativos del Ejecutivo en 2023. La trama incluye contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
De acuerdo con Patiño, estos contratos suman al menos $92.000 millones y tendrían como propósito beneficiar políticamente a legisladores que apoyaran las iniciativas del Gobierno nacional en las comisiones económicas del Congreso. Esta práctica es considerada por la Fiscalía como una forma de cooptación institucional a través del presupuesto.
Entre los involucrados ya procesados se encuentran el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el exjefe del DAPRE, Carlos Ramón González, el exdirector de Función Pública, César Manrique, y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Excepto López, todos se han declarado inocentes.
Olmedo López, hoy testigo estrella del ente acusador, busca beneficios judiciales a cambio de colaborar con la justicia. Entre los señalados en sus declaraciones se encuentran Sneyder Pinilla, su mano derecha, y otros exfuncionarios que estarían implicados en el entramado de corrupción.
La Fiscalía sostiene que el rol de María Alejandra Benavides fue crucial para conectar a los congresistas con el Ministerio de Hacienda y facilitar la asignación de recursos mediante cupos indicativos. Su testimonio será determinante para sustentar la imputación contra Ricardo Bonilla.
El equipo defensor del exministro Bonilla, conformado por los penalistas Javier Torres y Jorge Mario Gómez, ya ha asistido a diligencias judiciales en el Tribunal Superior de Bogotá. Su estrategia se centra en cuestionar la validez del material probatorio presentado por la Fiscalía.
Mientras tanto, la opinión pública espera avances concretos en el proceso y decisiones judiciales que permitan esclarecer las responsabilidades individuales en este caso que compromete la ética y transparencia del Gobierno. La fecha de imputación será anunciada tras la validación del principio de oportunidad.
Este nuevo episodio judicial representa un golpe para la imagen del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyas promesas de lucha contra la corrupción se ven amenazadas por escándalos en distintas entidades. La justicia deberá determinar si el exministro Bonilla incurrió en delitos o si es víctima de acusaciones infundadas.
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