La situación coyuntural por la cuál atraviesa la educación pública del país, revela un entramado entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación. Estudiantes del programa de derecho adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima realizaron una jornada de “tutelaton” en favor de la educación superior de calidad. Esto desencadenó en el fallo del un magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima.
Según la ponencia del magistrado José Andrés Rojas Villa, el alto Tribunal tolimense falló a favor de los estudiantes en primera instancia, dándole viabilidad 16 de las 60 acciones de tutela que fueron interpuestas por los estudiantes de derecho de la UT.
El fallo recogió las acciones de tutela instauradas por los estudiantes: Jhonier Rubiano Rodríguez, Sandra Camila Delgado, Johan Ramírez, Juan Esteban Franco, Harold Yesid Lozano, Laura Esquivel, David Castrillón Valencia, Diego Ducuara, Valentina Giraldo, María Acosta, Juan Jose Caicedo, Laura Soler, Yudi Pacheco, Laura Esguerra y Karen Olaya.
Estas tutelas tienen cómo función principal, ordenar al Gobierno Nacional garantías en el ejercicio académico por la cuál atraviesa la educación pública en la destinación presupuestal para próximas vigencias fiscales. Asimismo ordena, que las instituciones universitarias de todo el país deben dar cumplimiento al servicio educacional como derecho fundamental sin retroactividad y que la destinación de recursos sea acorde al pasar de los años, para brindar una educación de calidad.
Argumentos que presentaron los demandantes
¿Qué lograron los estudiantes?
Lo que están obligados a cumplir los administrativos de la UT y la Gobernación del Tolima
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