Aquileo Medina Arteaga, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica por el incumplimiento en la implementación de un transporte inclusivo. La promesa de adecuar 41 busetas con plataformas para personas con movilidad reducida no se ha materializado, y su reciente reconocimiento de la falta de medidas es visto por la comunidad afectada como una nueva burla y una muestra de la falta de compromiso real con sus derechos, a pesar de sus constantes pronunciamientos sobre la modernización del sistema.
Una vez más, la gestión de Aquileo Medina Arteaga al frente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP) es objeto de severos cuestionamientos, especialmente por parte de la población con discapacidad. La controversia se reaviva ante la evidente falta de progreso en una de las promesas más significativas para esta comunidad: la puesta en marcha de 41 busetas equipadas con plataformas especiales que garanticen el acceso a personas con movilidad reducida. Este compromiso, que representaba un paso fundamental hacia la inclusión, parece haberse quedado estancado en el papel, generando una profunda frustración y desconfianza hacia la entidad y su gerente.
La situación ha sido calificada por líderes y miembros de la comunidad con discapacidad como una “burla”, un sentimiento que se agudizó tras las recientes declaraciones del propio Medina Arteaga. Al reconocer públicamente que no se han implementado las medidas necesarias para asegurar un acceso universal al transporte público, el gerente del SETP, en lugar de calmar los ánimos, avivó la indignación. Sus palabras son interpretadas no como un diagnóstico, sino como la confirmación de una negligencia prolongada que vulnera los derechos fundamentales de un sector importante de la ciudadanía ibaguereña que día a día enfrenta barreras para su movilización.
Este no es un capítulo nuevo en la tensa relación entre la gerencia del SETP y las veedurías ciudadanas. Desde que asumió el cargo, la capacidad de Aquileo Medina para liderar un proyecto de tal envergadura ha sido puesta en duda en diversas ocasiones. La promesa de un sistema de transporte moderno, eficiente y, sobre todo, inclusivo, fue uno de los pilares de su nombramiento. Sin embargo, la ausencia de resultados concretos en el componente de accesibilidad demuestra una desconexión entre el discurso oficial y las acciones ejecutadas, dejando en evidencia una aparente falta de prioridad hacia las necesidades de las personas con discapacidad.
Las consecuencias de este incumplimiento se reflejan en el día a día de miles de ibaguereños. La falta de un transporte público accesible limita drásticamente su autonomía, dificultando el acceso a la educación, el trabajo, los servicios de salud y los espacios de ocio. Cada desplazamiento se convierte en un desafío logístico y económico, obligando a muchas personas a depender de terceros o a recurrir a servicios de transporte mucho más costosos. Esta barrera sistemática no solo perpetúa la exclusión social, sino que también representa una violación flagrante de su derecho a la movilidad y a una vida digna en la ciudad.
Resulta paradójico que mientras el compromiso con la accesibilidad sigue pendiente, la gerencia del SETP promocione con entusiasmo otros avances, como la futura incorporación de buses eléctricos al sistema. Si bien la modernización de la flota con tecnologías limpias es un objetivo loable y necesario para la ciudad, la comunidad afectada cuestiona el orden de prioridades. Se preguntan cómo es posible hablar de un transporte del futuro cuando ni siquiera se han resuelto las necesidades más básicas del presente, como garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan subir a un autobús de manera segura y autónoma.
La defensa de Medina Arteaga, centrada en admitir la falta de implementación sin ofrecer un cronograma claro y definitivo para la llegada de las 41 busetas adaptadas, ya no es suficiente para la comunidad. Sus reafirmaciones de “compromiso con la transformación del sistema” en redes sociales contrastan fuertemente con la realidad que viven las personas con movilidad reducida. La paciencia se ha agotado y la exigencia ya no es de nuevas promesas, sino de acciones tangibles e inmediatas que demuestren que la inclusión es más que una frase en un plan de gestión.
Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad en Ibagué han manifestado su rotundo rechazo a lo que consideran una gestión indolente. Advierten que no se quedarán de brazos cruzados y anuncian que explorarán todas las vías legales y de movilización social para exigir el cumplimiento de lo prometido. Para ellos, no se trata de un favor, sino de la materialización de un derecho amparado por la ley. La dignidad de miles de personas está en juego y no están dispuestas a aceptar más dilaciones ni excusas por parte de la administración del SETP.
El futuro de este compromiso es incierto, pero la presión social aumenta. La credibilidad de Aquileo Medina Arteaga y de todo el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público está en una encrucijada. La administración municipal deberá responder si respaldará la ejecución inmediata de estas adecuaciones o si permitirá que la promesa de un Ibagué inclusivo se desvanezca. La comunidad afectada espera una respuesta contundente, una fecha exacta en el calendario y, finalmente, ver circular por las calles de la ciudad las 41 busetas que les devuelvan su derecho a moverse libremente.
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