La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa contra funcionarios del IBAL por presuntas anomalías en un contrato de obra cuyo valor supera los $18 mil millones, destinado a la infraestructura de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
El proceso disciplinario se centra en un contrato suscrito inicialmente por $12.606 millones, al que posteriormente se le adicionaron $5.879 millones. Su objeto era la rehabilitación y mejoramiento de redes como parte del proyecto Acueducto Complementario de Ibagué. Uno de los hallazgos más graves, detectado en una auditoría de cumplimiento a las vigencias 2022 y 2023, revela un pago de aproximadamente $608 millones por la construcción de un sistema de contención de taludes.
Según el ente de control, dicha obra de contención no habría sido ejecutada y carece de los soportes técnicos que la respalden, lo que podría constituir un pago por trabajos inexistentes. La investigación también apunta a cobros irregulares en el transporte de materiales. Se presume que se facturaron sobrecostos que generaron un posible detrimento patrimonial cercano a los $189 millones.
La aparente irregularidad en el transporte consistió en facturar el traslado de material desde una cantera más lejana a la que realmente se utilizó, inflando así los costos de manera injustificada, según los hallazgos preliminares. Adicionalmente, se advierte que parte del contrato se financió con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), cuyo uso es exclusivo para acueducto y alcantarillado. Sin embargo, estos dineros se habrían destinado a obras de pavimentación, configurando un presunto desvío de fondos públicos.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué continuará con el proceso disciplinario para determinar si los funcionarios involucrados incurrieron en faltas, identificar a los responsables y establecer el alcance final del perjuicio a las finanzas de la ciudad.
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