Arroceros denuncian presiones para firmar pactos individuales con precios por debajo de lo establecido por el Ministerio de Agricultura, lo que podría derivar en movilizaciones si no hay respuesta del Gobierno.
Un nuevo pulso enfrenta a los productores arroceros del Tolima y a la industria molinera, tras denuncias sobre un presunto incumplimiento del acuerdo alcanzado con el Gobierno Nacional después del paro de julio. Según un documento divulgado por el Comité de Paro Nacional Arrocero, la industria estaría promoviendo un “acuerdo industrial” que, bajo apariencia voluntaria, representaría un retroceso en los derechos de los agricultores y desconocería los compromisos pactados.
El comunicado, al que tuvo acceso Ecos del Combeima, advierte que esta propuesta no garantiza un precio justo para la carga de arroz y debilita la capacidad de negociación de los productores. El comité hizo un llamado directo a no suscribir dicho acuerdo y a mantener la lucha por el cumplimiento estricto de la ley y de la resolución vigente emitida por el Ministerio de Agricultura.
“¡No firmar! Sigamos luchando por un precio justo y el cumplimiento de la ley”, señala con contundencia el texto. Las organizaciones campesinas consideran que este mecanismo, presentado como voluntario, es en realidad una maniobra para imponer precios inferiores a los legalmente establecidos y generar dependencia de la industria molinera.
Manuel Cardozo, productor del norte del Tolima, calificó la situación como una “jugada siniestra que arrodilla al agricultor” y denunció que se están ofreciendo precios por debajo de los estipulados en la resolución 241 del Ministerio de Agricultura, que rige desde el 1 de agosto. Según Cardozo, esto afecta gravemente a municipios como Espinal, Saldaña, Lérida, Ambalema, Venadillo y Chicoral.
En su denuncia, el agricultor detalló que la industria pretende pagar 178.000 pesos por carga en la mayoría de municipios arroceros del departamento y 180.000 en zonas como Ibagué y La Meseta. Estos valores, dijo, son menores a los fijados por la norma, que establece un precio mínimo de compra que no puede ser reducido bajo ninguna circunstancia.
Cardozo advirtió que quienes se nieguen a firmar este acuerdo no podrán vender su cosecha, lo que representa un riesgo para la subsistencia económica de miles de familias que dependen del arroz como su principal fuente de ingresos. El dirigente insistió en que esta situación crea un escenario de presión indebida y competencia desleal.
El productor también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que investiguen lo que considera un monopolio en la cadena productiva del arroz. Según dijo, las acciones de la industria ponen en peligro la estabilidad del sector y pueden llevar nuevamente a un escenario de conflicto social en el campo.
De no obtener respuesta inmediata, los arroceros advierten que están dispuestos a retomar las movilizaciones que paralizaron al sector meses atrás. El Comité de Paro Nacional Arrocero asegura que la paciencia de los productores tiene un límite y que, si no se respeta lo acordado, se reactivarán las protestas en las principales vías del país.
“En el Tolima estamos dispuestos a volver a paro, de no tener una respuesta en el menor tiempo posible por parte del gobierno de Petro y de los industriales”, reiteró Cardozo, asegurando que la lucha por un precio justo continuará hasta lograr resultados concretos.
La advertencia se produce en medio de un panorama delicado para el agro colombiano, donde los costos de producción, el clima y las presiones comerciales han generado un ambiente de incertidumbre. Los productores esperan que el Gobierno actúe para evitar un nuevo paro que podría impactar tanto la economía regional como el abastecimiento nacional de arroz.
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