La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra Ricardo Acosta y Guillermo Alvira, actual y exalcalde de San Luis, Tolima, por presuntamente incumplir una sentencia judicial que ordenaba ejecutar un plan habitacional. El fallo buscaba garantizar el derecho a una vivienda digna a familias del municipio.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta Salas, y su antecesor, Guillermo Ignacio Alvira Acosta, por no cumplir una sentencia de tutela emitida en 2020, que les ordenaba ejecutar un proyecto de vivienda para familias vulnerables del municipio.
El fallo judicial en cuestión ordenaba a los mandatarios llevar a cabo el proyecto Torres de San Carlos o, en su defecto, proporcionar soluciones habitacionales con condiciones iguales o mejores. Sin embargo, según el ente de control, ambas administraciones habrían ignorado reiteradamente este mandato, lo que llevó a una sanción por desacato contra el actual alcalde.
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Luis declaró en desacato al actual mandatario por el incumplimiento del fallo y le impuso una sanción de cinco días de arresto, que posteriormente fue reducida a tres. La providencia quedó registrada en documento oficial fechado el 14 de mayo de 2025.
Frente a estos hechos, la Procuraduría Provincial de Ibagué ha ordenado la recolección de pruebas para determinar si la conducta de los funcionarios constituyó una falta disciplinaria y si existió una omisión intencional al mandato judicial.
La investigación se centra en establecer si hubo desobediencia consciente por parte de los mandatarios municipales y si se vulneró el derecho fundamental a la vivienda digna de decenas de familias de San Luis.
El caso ha despertado preocupación entre la ciudadanía, ya que refleja los riesgos de omitir fallos judiciales relacionados con derechos sociales fundamentales. Mientras tanto, las familias afectadas continúan esperando una solución habitacional que lleva años aplazándose.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido a las autoridades priorizar el bienestar de los ciudadanos y actuar con celeridad para evitar más dilaciones en la ejecución del proyecto de vivienda.
De comprobarse responsabilidad disciplinaria, los funcionarios podrían enfrentarse a sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la inhabilidad para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad de la falta.
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