La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el saliente presidente del Concejo de Ortega, Luis Eduardo Suárez, por expresiones ofensivas y un gesto interpretado como amenaza durante un debate público, dirigidos contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el saliente presidente del Concejo de Ortega, Tolima, Luis Eduardo Suárez, por presuntas ofensas proferidas contra la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, durante una sesión oficial de la corporación. El proceso busca establecer si las declaraciones y conductas del concejal configuran violencia política basada en género y vulneran los deberes de respeto y decoro exigidos a los servidores públicos.
Los hechos se presentaron en medio de un debate relacionado con el mal estado de un puente en el municipio de Ortega. En el desarrollo de su intervención, Suárez cuestionó la gestión de la mandataria departamental y lanzó expresiones consideradas ofensivas, al tiempo que realizó un gesto con la mano interpretado por varios asistentes como una “pistola”, acción que generó rechazo y preocupación por su connotación simbólica.
Entre las declaraciones que motivaron la apertura de la investigación se encuentra una frase que fue ampliamente criticada por distintos sectores. “¿Qué podemos esperar de una vaca que no puede parir? ¿Nos toca inyectarla o qué?”, expresó el concejal, comparación que fue considerada desafortunada y denigrante hacia la gobernadora del Tolima, en un contexto institucional y público.
Adicionalmente, Suárez señaló: “Esa señora no ha tenido voluntad política con nosotros. Vea cuántos votos se le pusieron (…) y ¿qué ha hecho? Dígame”. Estas palabras, según el ente de control, podrían evidenciar un lenguaje irrespetuoso y una posible deslegitimación del ejercicio del cargo de la mandataria, lo que agrava la situación disciplinaria del cabildante.
Tras la polémica generada por sus afirmaciones, el entonces presidente del Concejo de Ortega fue fuertemente cuestionado por la opinión pública y por distintos actores políticos y sociales. La presión llevó a que Suárez ofreciera disculpas públicas, reconociendo el impacto negativo de sus palabras; sin embargo, este acto no impidió que la Procuraduría iniciara el proceso correspondiente.
La investigación fue asumida por la Procuraduría Provincial de Chaparral, que indaga si la conducta del concejal constituye una falta disciplinaria y si se configuró violencia política de género contra la gobernadora Adriana Magali Matiz. El ente de control reiteró que este tipo de comportamientos son objeto de especial vigilancia, al afectar la dignidad de las mujeres en el ejercicio del poder público y el normal desarrollo del debate democrático.
