El Ministerio Público abrió una indagación preliminar contra tres exmiembros de la mesa directiva del Concejo Municipal de Rovira (2020–2023) por presuntas irregularidades en la designación del secretario general de la corporación. La investigación busca establecer si se violaron los procedimientos legales y el reglamento interno.
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra tres exconcejales de Rovira, Tolima, por posibles irregularidades en el proceso de elección del secretario general del Concejo durante el periodo 2020–2023. Los señalados son Francisco Javier Amaya Romero, Ricardo Chávez Sanabria y María Leyla Galicia, quienes integraron la mesa directiva como presidente, vicepresidente y segunda vicepresidenta, respectivamente.
De acuerdo con la Procuraduría, los exfuncionarios habrían incurrido en posibles faltas disciplinarias al adelantar la convocatoria y posterior designación del secretario sin ajustarse a lo dispuesto en la ley ni al reglamento interno del Concejo Municipal. La situación ha generado preocupación por la posible vulneración de los principios de legalidad y transparencia.
Como parte del proceso, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la recolección de pruebas documentales. Entre los documentos solicitados se encuentran las actas de elección y posesión, hojas de vida de los candidatos, certificados de antecedentes y demás elementos necesarios para esclarecer los hechos.
Aunque la indagación se encuentra en etapa preliminar, la entidad de control advirtió que, de comprobarse la falta de cumplimiento de los procedimientos legales, los exconcejales podrían enfrentar sanciones disciplinarias que afecten su trayectoria pública.
La Procuraduría recordó que los procesos de selección en corporaciones públicas deben respetar los principios de mérito, legalidad y transparencia. Subrayó que las actuaciones irregulares comprometen la legitimidad de las decisiones administrativas que afectan la gestión institucional a nivel municipal.
Hasta el momento, los investigados no se han pronunciado públicamente sobre la apertura del proceso. Se espera que, en los próximos días, presenten sus explicaciones y argumentos ante la entidad.
La investigación busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de cumplir estrictamente con los lineamientos normativos en los procesos de selección de personal en el sector público, incluso a nivel local.
El Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para determinar si existieron responsabilidades disciplinarias y, en caso afirmativo, proceder con las sanciones correspondientes conforme a la ley.
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