La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria contra dos exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura de Ibagué, quienes ocupaban altos cargos durante la administración del exalcalde Andrés Hurtado. Los investigados son Sharon Dayana Guzmán González, exsecretaria de Infraestructura, y Leonel Alfredo Nieto Suárez, exsecretario encargado de la misma dependencia. Ambos son señalados por su posible participación en irregularidades durante el proceso de evaluación y adjudicación de un contrato para controlar la erosión y proteger el cauce de la quebrada Cristales.
El proceso de adjudicación, según las investigaciones preliminares, habría favorecido a tres oferentes de Barrancabermeja que presentaron una experiencia ficticia con Ecopetrol S.A. A pesar de que la petrolera emitió un certificado negando dicha experiencia, la firma Infraestructura y Vías SAS (ICSSA SAS) fue inicialmente seleccionada como la ganadora del contrato, lo que fue denunciado por su propio representante legal.
Adicionalmente, la investigación se extiende al Consorcio Fénix Popular, que resultó ser el adjudicatario final del contrato. Este consorcio habría incurrido en una causal de rechazo al presentar su oferta económica en un sobre incorrecto, una inconsistencia que también ha sido señalada por la Procuraduría como parte de sus indagaciones.
Para esclarecer los hechos, la Procuraduría ha ordenado la práctica de pruebas que permitirán determinar si las conductas de los exfuncionarios constituyen faltas disciplinarias o si, por el contrario, pueden ser justificadas bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Este proceso es clave para determinar si se tomarán medidas disciplinarias contra los involucrados.
Además de la investigación disciplinaria, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha decidido remitir el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación. Esta acción permitirá que la Fiscalía evalúe los hechos en el ámbito penal y determine si es necesario iniciar un proceso judicial contra los exfuncionarios o cualquier otra persona involucrada en las irregularidades.
El caso ha despertado una fuerte reacción entre las veedurías ciudadanas de Ibagué, en especial de la organización VAPI (Agua Para Ibagué), que ha cuestionado la falta de investigación en otras obras públicas de la ciudad. VAPI ha expresado su preocupación por presuntos procesos licitatorios irregulares en la construcción de escenarios deportivos, donde se habrían cambiado planos aprobados, modificado especificaciones técnicas y generado sobrecostos que podrían superar el 250%. “¿Dónde estaban las interventorías, los supervisores de los contratos y, lo más grave, dónde estaban las contralorías, las procuradurías y la personería?”, cuestionó VAPI, reflejando la creciente inquietud ciudadana por la falta de supervisión y control en las obras públicas realizadas durante el mandato de Andrés Hurtado.