La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra diez funcionarios de Medicina Legal por presunto acceso no autorizado al expediente del coronel Óscar Dávila, quien falleció en 2023 en medio del escándalo de las interceptaciones ilegales.
La muerte del coronel Óscar Darío Dávila, ocurrida en junio de 2023, ha tomado un nuevo giro tras la apertura de una investigación disciplinaria contra diez funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indaga un presunto acceso irregular al expediente forense del oficial, quien fue hallado sin vida en su vehículo en Bogotá.
Dávila, quien se desempeñaba como coordinador del grupo de protección anticipativa de la Presidencia, estaba involucrado en las investigaciones por el uso indebido del polígrafo a Marelbys Meza, niñera del hijo de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Su deceso se produjo en medio de este escándalo, y aunque la Fiscalía concluyó que se trató de un suicidio, múltiples elementos han mantenido el caso envuelto en misterio y controversia.
La investigación preliminar fue adelantada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, pero debido a la gravedad del asunto, también se compulsaron copias al nivel central. Se busca esclarecer la conducta del entonces Director Seccional de Medicina Legal en Cundinamarca.
El informe de Medicina Legal concluyó que la muerte del coronel Dávila fue un suicidio, basado en evidencias como la trayectoria del disparo, residuos de pólvora y la ausencia de signos de lucha. Sin embargo, expertos forenses han cuestionado la investigación, señalando la falta de una autopsia psicológica que podría haber proporcionado una comprensión más profunda del estado mental del oficial.
Adicionalmente, se ha conocido que antes de su muerte, Dávila entregó 30 millones de pesos en efectivo al abogado Miguel Ángel del Río para su defensa legal. Del Río reconoció la transacción y afirmó que, tras el fallecimiento del coronel, devolvió el dinero a su viuda. El abogado también declaró que, aunque los honorarios habituales oscilaban entre los 300 y 500 millones de pesos, decidió asumir el caso por una suma menor, dado su interés personal en el proceso.
La apertura de esta nueva indagación contra funcionarios de Medicina Legal reaviva la desconfianza en torno al manejo del caso y plantea nuevas preguntas sobre posibles irregularidades institucionales. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
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