La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presuntas deficiencias en la planeación y ejecución de un contrato superior a los $2.157 millones, destinado a la construcción y mejoramiento de salones comunales.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Ibagué, aún por determinar, debido a serias irregularidades detectadas en un contrato millonario. La investigación busca esclarecer posibles fallas en la gestión de recursos públicos y responsabilidades disciplinarias en la planeación y ejecución del proyecto [4].
El contrato en cuestión, suscrito por un valor exacto de $2.157.713.967, tenía como objetivo la construcción y el mejoramiento de varios salones comunales en la capital del Tolima. Estos espacios son de vital importancia para el desarrollo y la integración de las comunidades locales, por lo que la correcta ejecución del proyecto es de alto interés público.
Las presuntas deficiencias que motivaron la acción del Ministerio Público se concentran en la etapa de planeación contractual. La investigación parte de un informe técnico que advierte sobre inconsistencias que podrían haber comprometido la eficiencia y transparencia en el uso del presupuesto asignado desde el inicio del proceso.
Uno de los principales hallazgos es que en el presupuesto se asignó un 25,19 % al rubro de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). Sin embargo, no se adjuntó un desglose detallado que especificara los conceptos o el destino de estos fondos, generando dudas sobre su correcta aplicación y control.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué también señaló una posible demora injustificada en el inicio de las obras [8]. Este retraso representa un incumplimiento de los plazos y pone en riesgo la entrega oportuna de las infraestructuras a la comunidad beneficiaria.
A pesar de que el contrato fue legalizado el 5 de enero de 2024, el acta de inicio solo fue firmada hasta el 17 de julio de 2024. Este lapso de más de seis meses resulta especialmente crítico, considerando que el plazo total de ejecución del proyecto era de apenas 150 días calendario.
La principal hipótesis sobre la causa del retraso apunta a una presunta negligencia en la planificación. Al momento de la firma del contrato, la administración no contaba con permisos esenciales para la ejecución, como el de aprovechamiento forestal y la viabilidad ambiental necesaria para la tala de árboles prevista en el proyecto.
Con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría busca practicar las pruebas necesarias para verificar la ocurrencia de las conductas irregulares, determinar los autores de las posibles faltas disciplinarias y establecer si actuaron al amparo de alguna causal de exclusión de la responsabilidad.
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