El próximo 10 de julio, en la Casa de la Cultura del municipio de Murillo, se llevará a cabo una audiencia pública para evaluar los avances institucionales frente a la Sentencia STL-10716 de 2020. Comunidades, autoridades y líderes políticos debatirán sobre los efectos socioambientales del pico y placa en la vía al Parque Natural Los Nevados.
Una audiencia pública de alto interés ambiental y social ha sido convocada para el próximo 10 de julio de 2025, entre las 8:00 y las 10:00 a. m., en la Casa de la Cultura del municipio de Murillo, Tolima. La jornada, promovida por diversos sectores sociales con el respaldo de representantes políticos de la región, abordará los impactos generados por las medidas restrictivas de movilidad, en especial el pico y placa ambiental que se aplica en el tramo vial Murillo–Manizales, entre el kilómetro 0 y el kilómetro 54.
El objetivo central será evaluar los avances institucionales frente a la Sentencia STL-10716 de 2020, emitida por el Tribunal Superior, que ordena medidas para proteger el ecosistema de alta montaña en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Este espacio busca también escuchar las preocupaciones de las comunidades afectadas por las restricciones, especialmente aquellas cuyo sustento depende del turismo y la producción rural en la región.
En el encuentro participarán entidades clave como las alcaldías de Murillo, Casabianca, Líbano y Manizales, así como Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), entre otros. Estas instituciones deberán informar sobre las medidas implementadas para mitigar los efectos sociales, económicos y ambientales derivados de la puesta en marcha del pico y placa ambiental.
Desde la comunidad de Murillo se ha denunciado que la medida ha provocado la disminución de visitantes y el cierre parcial de emprendimientos turísticos, afectando directamente la economía local. Asimismo, se debatirá el papel de Parques Nacionales en la conservación del ecosistema y el cumplimiento de su deber de concertar con las comunidades las decisiones que impactan sus territorios.
El MinCIT, por su parte, ha sido convocado por su papel en la formulación de políticas para un turismo sostenible y competitivo. Su presencia permitirá revisar mecanismos de articulación entre el desarrollo turístico, la conservación ambiental y el fortalecimiento de economías locales en territorios de alta fragilidad ecológica.
Fontur, como instrumento financiero para el fomento del turismo, también deberá rendir cuentas sobre las herramientas disponibles para apoyar la reconversión productiva, innovación turística y apoyo a prestadores afectados por la medida cautelar de restricción vehicular.
La audiencia pública se perfila como un espacio clave para visibilizar los impactos de decisiones judiciales y administrativas que, aunque buscan la protección ambiental, requieren de un enfoque equilibrado que garantice el bienestar de las comunidades y la sostenibilidad del ecosistema. Se espera que de este ejercicio de diálogo institucional surjan compromisos concretos y rutas de trabajo participativas.
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