Uno de los aspectos bajo investigación es el presunto hurto continuado del acero utilizado en la construcción del tanque. Según denuncias de un medio local, este material habría sido robado desde que la instalación del tanque fue suspendida en 2019. Además, se señala que el lugar donde se encontraba el tanque estuvo abandonado y sin vigilancia durante todo este tiempo, lo que habría facilitado el hurto del acero que tendría un valor aproximado de 357 millones de pesos.
Otro punto de interés en la investigación es la adjudicación del contrato para la instalación del tanque. La Veeduría Agua Para Ibagué (VAPI) cuestiona la legalidad de la licitación realizada por la empresa de acueducto y alcantarillado S. A. ESP (Ibal).
Según la VAPI, el consorcio seleccionado para llevar a cabo la obra ya habría sido adjudicado para otros proyectos relacionados con el acueducto complementario, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso de selección. Además, se menciona que el proponente ‘Consorcio Aqua Sol’ tuvo problemas para presentar su oferta financiera debido a inconvenientes en la plataforma, y la entidad no habría ampliado el plazo para la entrega de propuestas.
La investigación también se centra en las inquietudes relacionadas con la calidad del tanque y los materiales utilizados en su construcción. Dado que el tanque estuvo guardado sin uso durante siete años, se cuestiona la funcionalidad y la idoneidad del mismo. Se busca determinar si se cumplieron los estándares de calidad y si el tanque es apto para cumplir con su propósito.
Además, se examina el posible detrimento al erario público debido al costo de almacenamiento del tanque durante esos siete años, estimado en 504 millones de pesos. Se investiga si hubo negligencia en la gestión de este activo y si se tomaron las medidas adecuadas para salvaguardar los recursos públicos.
Finalmente, la Procuraduría Provincial de Ibagué ha asumido la tarea de realizar las investigaciones correspondientes para identificar a los posibles responsables de las irregularidades y determinar si se han cometido faltas disciplinarias o actos de corrupción. Se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades correspondientes y tomar las medidas necesarias para prevenir situaciones similares en el futuro.