El ministro de Salud y presidente encargado, Guillermo Alfonso Jaramillo, oficializó la renuncia de Eduardo Montealegre Lynett y designó a Augusto Ocampo Camacho, actual secretario Jurídico de la Presidencia, como nuevo ministro de Justicia encargado. El Gobierno busca mantener la estabilidad institucional y avanzar en las reformas judiciales en curso.
A través del Decreto 1143 de 2025, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ejerce temporalmente las funciones presidenciales, aceptó la renuncia de Eduardo Montealegre Lynett como ministro de Justicia y del Derecho, y designó a Augusto Ocampo Camacho como encargado de la cartera.
Ocampo Camacho, actual secretario Jurídico de la Presidencia de la República, es abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en Investigación Criminal y formación en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Internacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su perfil técnico y experiencia en el sector público fueron determinantes para su designación.
El nuevo ministro encargado ha desempeñado una amplia trayectoria en la Rama Judicial, ocupando cargos como juez penal de circuito, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y conjuez del Tribunal Superior de Bogotá. También se desempeñó como Fiscal 5 de la JEP, participando en investigaciones relacionadas con el conflicto armado y los derechos humanos.
Además, Ocampo cuenta con experiencia administrativa en entidades como la Alcaldía de Bogotá, donde fue director Distrital de Asuntos Disciplinarios, así como en la Empresa de Energía de Bogotá, el Fondo de Previsión Social del Congreso y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, consolidando un perfil integral en el sector público.
Desde abril de 2025, Ocampo lidera la Secretaría Jurídica de la Presidencia, donde ha tenido a su cargo la asesoría legal al Ejecutivo. También ha asumido encargos previos como superintendente de Notariado y Registro y ministro de Justicia interino, roles que fortalecieron su conocimiento en materia institucional.
La renuncia de Montealegre se produce tras varios meses de tensiones internas relacionadas con los proyectos de reforma judicial y la coordinación con la Rama Judicial. No obstante, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno confía en que Ocampo garantizará la continuidad de las políticas en curso y fortalecerá el diálogo entre poderes.
Desde la Casa de Nariño se enfatizó que la decisión responde a la necesidad de mantener la estabilidad administrativa del Ministerio y asegurar el avance de las iniciativas de modernización judicial, enmarcadas dentro del plan de reformas estructurales del Ejecutivo.
Con este nombramiento, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la eficiencia del sistema judicial colombiano, buscando consolidar un Ministerio de Justicia moderno y cercano a las necesidades del país.
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