En un reciente pronunciamiento, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha expuesto las motivaciones económicas que se ocultan detrás de la oposición al proyecto de reforma de salud presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto, que tiene como objetivo transformar el sistema de salud del país, se encuentra actualmente estancado en el Congreso de la República.
El estancamiento del proyecto se debe a la oposición que ha surgido en el primer debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde el oficialismo ha denunciado una estrategia de dilatación denominada ‘plan tortuga’. A pesar de este obstáculo, se espera que el proyecto sea sometido a votación en segundo debate antes de que finalice el periodo legislativo el próximo 20 de junio. En caso de ser necesario, el presidente Petro podría convocar a sesiones extraordinarias para agilizar su aprobación.
El ministro Jaramillo ha expresado su confianza en que la reforma sea votada en la plenaria de la Cámara antes de la fecha límite o, en su defecto, en la primera semana de julio si se convocan sesiones extraordinarias. No obstante, ha destacado la existencia de intereses económicos que impulsan la oposición al proyecto de ley.
En su intervención, el ministro ha defendido el núcleo central del proyecto, que busca eliminar la intermediación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y otorgar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRESS) la responsabilidad de gestionar directamente los recursos destinados a hospitales y clínicas.
Jaramillo ha enfatizado la capacidad del ADRESS para realizar los pagos sin contratiempos, asegurando que los hospitales y las clínicas recibirán los recursos directamente mediante acuerdos de voluntades con la entidad. Además, ha aclarado que las EPS seguirán contando con los recursos necesarios para su funcionamiento normal, estimando que se destinarán alrededor de 93 billones de pesos en el año 2024.
Las declaraciones del ministro Jaramillo han desatado un intenso debate en torno a la reforma de salud. Mientras el gobierno busca implementar cambios estructurales en el sistema, existen sectores que defienden la continuidad de las EPS y critican la propuesta del ADRESS como entidad gestora de recursos. Mientras tanto, la sociedad y los diferentes actores del sector salud permanecen atentos a los acontecimientos políticos y económicos que determinarán el futuro de la atención médica en el país.