“Yo me puedo ir hasta el periódico a mirarle y mandarle la inspección sanitaria y todo, y voy a encontrar que el periódico no llena la cosa de riesgos, que no llena esto, que no llena lo otro ycierro el periódico porque le falta esto o lo otro. ¿Qué tal yo fuera así? Ustedes se dedican a eso: a desprestigiar esta administración” Jaramillo.
La anterior cita se da en el marco de la polémica desatada y la presunta amenaza a la que muchos medios locales están acudiendo manifestando su inconformismo, pero lo realmente crudo del asunto es asimilar las palabras del Alcalde a una amenaza o a un reclamo que hace el alcalde por el proceder del medio.
De acuerdo al código penal colombiano, la amenaza se constituye en; Artículo 347. “El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical legalmente reconocida, un defensor de Derechos Humanos, periodista o en un servidor público perteneciente a la Rama Judicial o al Ministerio Público o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte.”
Por lo anterior Jaramillo no afirma que realizará una acción con el fin de apaciguar, crear intimidación o limitar el derecho libre del nuevo día, sino una mención de situaciones de presion por medio del poder del cual está investido como alcalde.
Es necesario que desde la comunicación local se haga reflexión respecto al papel de los medios ante la administración y la comunidad.
Como alcalde y ciudadano Jaramillo también está en su derecho de reclamar cuando se le esta tratando de una manera que considera poco ética y la periodista en su derecho a responder, sin caer en el extremismo o el oportunismo mediático, que a su vez se convierte en oportunismo político.
Esa carencia de ética en el procedimiento de la información es la que demandan los ciudadanos a la hora de ser informados y claro está, que este análisis jurídico y de discurso no pretende crear una cortina de defensa al Alcalde pero tampoco la opción de ser permisivos ante el extremismo.
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