Tras sentenciarlo a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, la jueza Sandra Liliana Heredia ordenó la detención inmediata de Álvaro Uribe para evitar que permanezca en libertad pese a una condena.
El Tribunal de Bogotá, por medio de la jueza Sandra Liliana Heredia, dictó orden de captura inmediata contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras dictarle una condena de 12 años de prisión domiciliaria. La magistrada señaló que su “presunción de inocencia ya fue desestimada en primera instancia” y advierte riesgos para la percepción pública si permitiera que personas condenadas permanezcan en libertad.
La condena responde a los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Heredia impuso la pena máxima de 144 meses y también ordenó una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos, junto con una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos. Aunque la pena es de estricto cumplimiento, autorizó la residencia domiciliaria como medida de arresto.
En su argumentación, la jueza afirmó que la detención inmediata cumple una función disuasiva y evita que surja la percepción de que “las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena”, especialmente cuando existe un reconocimiento público, como el caso de Uribe. Sostuvo también que permitirle quedar libre resultaría en un “efecto intimidatorio” frente al poder del Estado.
La defensa del exmandatario reaccionó con contundencia, señalando que al ordenarse su captura previa al fallo en segunda instancia se vulnera la presunción de inocencia. El abogado Víctor Mosquera afirmó que se excedió con la medida y que los requisitos para proceder a la detención no se habían superado.
El juicio contra Uribe, uno de los más prolongados y complejos de la historia reciente de Colombia, se centró en testimonios que apuntan a su intento por manipular procesalmente testigos clave contra el senador Iván Cepeda. Tras casi trece años de investigación y 67 días de audiencia, fue declarado culpable en julio de 2025.
Además del arresto domiciliario, el fallo detalla que Uribe deberá pagar una fianza judicial, obligarse a no cambiar de residencia sin autorización y someterse a visitas periódicas de autoridad judicial. La decisión contempla também la ejecución de la cárcel en su casa en Rionegro.
La sentencia ha provocado una polarización nacional: mientras la comunidad de víctimas y organizaciones sociales la celebran como un triunfo del Estado de derecho, el uribismo habla de “lawfare” y ataque político. Incluso se han anunciado movilizaciones ante lo que consideran un fallo sesgado.
El caso ahora pasa a segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, con posibilidad de apelaciones en instancias superiores. La defensa tiene un plazo legal de cinco días para presentar su recurso. El panorama judicial es todavía incierto, pero marca un precedente sin comparación en la historia política del país.
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