La reciente ponencia negativa presentada en la Corte Constitucional por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez contra la reforma pensional genera preocupación, pues representa un obstáculo para una iniciativa que busca garantizar la protección y el bienestar de millones de colombianos y colombianas.
Por: Cristian Acosta Gonzaléz
Si bien el debate debe darse en el ámbito jurídico, los argumentos de la ponencia resultan cuestionables, muy politizados y ponen en riesgo un avance crucial en la garantía de una vejez digna. El principal argumento de la ponencia negativa es que la reforma vulnera el principio de deliberación democrática, alegando que en el cuarto debate en la Cámara de Representantes no se discutió de manera adecuada. Sin embargo, este argumento resulta no del todo cierto, ya que la reforma cumplió con todas las etapas legislativas requeridas y contó con amplios debates previos en el Congreso, donde se abordaron sus principales implicaciones.
Pretender anular la reforma por un supuesto vicio de forma equivale a desconocer el debido proceso que se siguió en su trámite. Además, se ha señalado que la reforma podría afectar la sostenibilidad fiscal y la libertad de elección de los afiliados. Sin embargo es necesario dejar claro que el modelo de pilares que propone la reforma no elimina la posibilidad de cotizar en fondos privados, sino que busca fortalecer el sistema público y garantizar mejores condiciones para los trabajadores.
La actual crisis del sistema pensional, caracterizada por la informalidad laboral y la insuficiencia de los fondos individuales, requiere soluciones estructurales como las planteadas en la reforma. Pero más allá de los argumentos jurídicos, es inevitable preguntarse si detrás de esta ponencia existen intereses ajenos al derecho y más intereses cercanos a la coyuntura electoral que se está dando. Puesto que no es un secreto que el magistrado Ibáñez tiene un historial político vinculado al Partido Conservador, que fue concejal por el mismo partido y además elegido con el respaldo de sectores que hoy se oponen al gobierno.
No sorprende entonces que su posición coincida con la de quienes buscan frenar una reforma que afectaría los privilegios de los fondos privados de pensiones. El país no puede permitir que una decisión judicial con argumentos cuestionables y con posibles sesgos políticos frene una reforma que beneficiaría a la mayoría de las y los colombianos. Es aquí donde la sociedad civil debe actuar. No basta con confiar en que las instituciones harán lo correcto; es necesario que las organizaciones sociales, sindicatos y movimientos ciudadanos levanten la voz en defensa de esta reforma que representa un avance histórico en materia de justicia social. La Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión crucial para el futuro del país.
Los magistrados deben fallar en derecho, reconociendo que la reforma pensional no solo es compatible con la Constitución, sino que materializa los principios de dignidad y equidad que rigen nuestro ordenamiento jurídico.
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