Un juzgado local admitió una acción de tutela que pone bajo la lupa el alza tarifaria de 2026, mientras las empresas operadoras defienden la legalidad de la medida basándose en el incremento de costos operativos y la transición hacia el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).
El panorama del transporte público en la capital del Tolima enfrenta una nueva disputa legal tras la admisión de una acción de tutela por parte de un juzgado de Ibagué. El recurso judicial, interpuesto por la Fundación Protección Colombia de los Derechos Humanos, cuestiona la legalidad del decreto que autorizó el aumento en el valor del pasaje para la vigencia 2026. Según los accionantes, el proceso administrativo careció de estudios técnicos y financieros transparentes que justificaran el impacto económico para los miles de usuarios que dependen diariamente del servicio. Además, se denuncia que no se garantizaron espacios reales de participación ciudadana ni concertación con las veedurías comunitarias antes de oficializar la decisión.
El despacho judicial ya ordenó a la administración municipal la entrega de todos los soportes documentales que avalaron dicho incremento para su respectiva valoración. Paralelamente, se vinculó al trámite al Ministerio de Transporte y a la Secretaría de Gobierno para que se pronuncien sobre los hechos. Esta revisión ocurre en un momento crítico, donde la calidad del servicio es blanco de constantes críticas por deficiencias operativas recurrentes. Por ahora, la medida tarifaria se mantiene vigente mientras el juez analiza si hubo vulneración de los derechos fundamentales de la población.
Por su parte, las empresas prestadoras del servicio, agrupadas bajo los operadores del SETP, emitieron un comunicado oficial defendiendo la solidez financiera de la tarifa actual. Los gerentes de COTRAUTOL, Expreso Ibagué y Movilizando a Ibagué UT sostienen que el ajuste responde a criterios técnicos y legales estrictos. Explican que durante el año 2025 los costos de los combustibles sufrieron un incremento superior al 15%, lo que desequilibró la canasta operativa del transporte.
A esto se suma que el aumento del Salario Mínimo para 2026 fue mayor al 23%, impactando directamente la carga prestacional del personal vinculado. Argumentan que la ley obliga a garantizar la remuneración de los costos de operación, recuperación de capital y una rentabilidad mínima para los empresarios. Sin este ajuste, aseguran, la prestación del servicio entraría en un riesgo inminente de insostenibilidad financiera, afectando la movilidad de toda la ciudad. Los transportadores recalcan que su actuación se enmarca en las directrices del Documento CONPES 4017 de 2020, que rige la transición al nuevo sistema.
La controversia judicial también resalta fallas estructurales que, según la tutela, no han sido resueltas a pesar de los constantes aumentos en el precio del transporte. El escrito denuncia que persisten limitaciones de acceso para adultos mayores y personas con discapacidad, junto con la terminación anticipada de rutas en horarios críticos. También se cuestiona la diferencia tarifaria aplicada entre los sectores urbanos y rurales, alegando que no existen variaciones de distancia que justifiquen cobros distintos. Mientras los usuarios exigen un sistema integrado y mejoras en la frecuencia de los recorridos, los operadores señalan que Ibagué aún no tiene un fondo de estabilización.
Al carecer de subsidios municipales, el usuario final debe asumir el costo total de la «tarifa técnica» para evitar un déficit financiero en el SETP. Los empresarios afirman que han cumplido con todas las exigencias administrativas y que el proceso de transición hacia el sistema estratégico sigue en marcha. La decisión final del juez determinará si el alza se mantiene en pie o si la Alcaldía deberá reconsiderar el impacto económico decretado.
VIAJES Y DOMICILIOS ECONOMICOS
