El Tribunal Administrativo del Tolima determinó la emisión de una sentencia anticipada en el proceso de nulidad electoral contra el nombramiento de las agentes de tránsito Olga Dayanna Muñoz y Angélica Ruiz Rocha en el municipio del Líbano. La decisión se tomó luego de que el demandante, Yamit Antonio Mendieta Veloza, aportara pruebas que demostrarían que las funcionarias no cumplían con los requisitos exigidos para asumir el cargo.
Según la demanda, las agentes no contaban con la licencia de conducción C1 (equivalente a categoría 4) al momento de su posesión el 29 de junio de 2024, lo que las inhabilitaría para ejercer sus funciones. En respuesta, el tribunal ofició a la Alcaldía y a la Inspección de Tránsito del Líbano para verificar la información. La certificación emitida por el inspector de tránsito el 30 de enero de 2025 confirmó que ambas funcionarias carecían del documento requerido en esa fecha.
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El Tribunal también solicitó al Ministerio de Transporte y al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) la verificación de la equivalencia de la licencia C1 con la categoría 4 y el historial de licencias de las agentes en la fecha mencionada. De confirmarse las irregularidades, la alcaldesa Beatriz Valencia Gómez podría enfrentar un proceso disciplinario por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, lo que podría derivar en su destitución.
Uno de los puntos más críticos del proceso es que las agentes de tránsito guardaron silencio durante la etapa procesal y no presentaron pruebas que acreditaran la legalidad de su nombramiento. Esta omisión ha sido interpretada como una falta de defensa frente a las acusaciones en su contra.
El tribunal ha dado un plazo de un día a las entidades involucradas para aportar las pruebas solicitadas antes de emitir una sentencia definitiva. La contundencia de las evidencias presentadas hasta el momento favorece la demanda de Mendieta Veloza y podría traer consecuencias legales tanto para las agentes como para la administración municipal.
El demandante ha solicitado además que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República investiguen la posible responsabilidad de la alcaldesa y del inspector de tránsito en el caso. De hallarse culpabilidad, las sanciones podrían incluir la destitución del cargo y otras medidas disciplinarias.
En los próximos cinco días se espera una decisión definitiva sobre el futuro de las agentes de tránsito. “Es hora de que entreguen sus uniformes y motos, han causado un daño irreparable a la ciudadanía”, declaró Yamit Mendieta, reiterando su confianza en que la justicia actuará conforme a la ley.
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