La fallida infraestructura vial en Ibagué, conocida como el Puente de la 60, ha dejado un rastro de destrucción palpable en el Barrio La Floresta, cuya vía alterna principal, la Calle 59, lleva casi tres años con el pavimento levantado y abandonado.
Mientras la Alcaldía de Johana Aranda celebra la recuperación judicial de la sanción de $3.900 millones al contratista, la comunidad damnificada exige una fecha concreta de inicio para la reparación de su malla vial y alcantarillado, señalando que la afectación económica y de movilidad local no admite más dilaciones. La urgencia se mantiene latente, con un interrogante directo a la administración municipal: ¿Hasta cuándo se extenderá el calvario causado por una obra que ni siquiera llegó a ejecutarse?
La denuncia ciudadana proveniente del Barrio La Floresta es un crudo testimonio de la ineficacia administrativa y contractual en Ibagué. Los residentes de la Calle 59, que funcionaba como vía alterna para el tráfico desviado por la proyectada obra del Puente de la Calle 60, claman que la vía quedó «destruida porque levantaron el pavimento y desde entonces no han hecho nada». Este abandono se prolonga por un periodo que se acerca a los tres años. La paradoja de este proyecto, tristemente célebre como el «Puente Fantasma,» radica en que, según reportes, ni siquiera alcanzó a convertirse en un ‘elefante blanco’ porque «ni siquiera llegó a ser» construido. La ruina física en La Floresta no es un efecto de la paralización de la estructura central, sino de las «obras complementarias» necesarias para la reubicación de servicios y el manejo de tráfico. Al suspenderse el contrato principal, estas labores preparatorias —que incluyeron el levantamiento de redes húmedas y pavimento— quedaron incompletas, dejando a la comunidad circundante como el principal daño colateral del descalabro contractual. Esto demuestra que la planificación deficiente impactó primero y con mayor severidad a las vías adyacentes que al punto de construcción focalizado, invirtiendo la lógica de los beneficios prometidos.
El origen de este problema se encuentra en el Contrato de Obra Pública 1312, celebrado el 19 de abril de 2023, entre la Alcaldía de Ibagué y el Consorcio Puente Carrera Quinta. Este contrato, valorado en más de $39 mil millones, estaba destinado a desarrollar la fase 1 de la infraestructura. Sin embargo, la obra, que tenía un cronograma inicial para finalizar en diciembre, enfrentó múltiples irregularidades, incluyendo la falta de pagos a los obreros y, crucialmente, la negación del plan de aprovechamiento forestal por parte de Cortolima. La suspensión provisional se oficializó mediante acta el 23 de enero de 2024, con un plazo de 45 días calendario, alegando que las observaciones de la Secretaría de Movilidad habían generado alteraciones en los tiempos de ejecución previstos. La defensa inicial de la anterior administración, que argumentaba falta de permisos de Cortolima y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia , apunta a que las fallas que llevaron al fracaso eran de planeación inicial y no solo de ejecución del contratista. Un proyecto de esta magnitud, sin contar con los permisos ambientales fundamentales y la completa aceptación de los planes de movilidad, estaba viciado de raíz desde la etapa precontractual.
El impacto más agudo de este desastre contractual ha recaído sobre el Barrio La Floresta, cuya comunidad se convirtió en la «damnificada» por excelencia. La afectación principal es visible en la Calle 59, descrita como «completamente destruida». La líder comunal, Fabiola Peñaloza, presidenta de la Junta de Acción Comunal, detalló las graves consecuencias, indicando que la vía ha estado cerrada por «más de dos años,» lo que ha incomunicado al barrio y generado severas afectaciones de movilidad. El impacto económico es igualmente catastrófico; Peñaloza afirmó que la economía local «se ha desplomado» y que «muchos negocios están cerrando» a causa del cierre prolongado de la vía. Además de las pérdidas comerciales, la infraestructura habitacional también sufre; la líder señaló que, mientras la vía permanece cerrada, sus «casas se deterioran». Este caso es notable porque, en lugar de generar el auge económico esperado, la mera anticipación y posterior fracaso de la megaobra causó una depresión económica inversa y la devaluación de propiedades, subrayando la fragilidad de los ecosistemas urbanos ante la mala gestión pública.
Ante la inviabilidad del proyecto y el incumplimiento reiterado, la administración de la alcaldesa Johana Aranda actuó decisivamente para cerrar el ciclo contractual. Mediante la Resolución 1400-1346 del 4 de junio de 2024, la Alcaldía declaró el incumplimiento total del Contrato 1312. Como consecuencia legal, se impuso una multa al Consorcio Puente Carrera Quinta por un monto de $3.914.637.659, lo que equivale al 10% del valor total del contrato. La mandataria municipal sostuvo que esta acción tuvo como objetivo fundamental «la protección del interés general, salvaguardar el erario» y cesar el posible daño a las finanzas municipales. La declaración de incumplimiento total de un contrato que superaba los $39 mil millones sienta un precedente de rigor en Ibagué para la gestión contractual y envía una señal contundente a futuros contratistas sobre las graves consecuencias de la negligencia, marcando una ruptura clara con posibles prácticas de permisividad administrativa.
Un hito crucial en la mitigación del daño fiscal ocurrió el 22 de septiembre de 2024. La alcaldesa Aranda anunció que la aseguradora Mundial giró más de $3.900 millones al municipio. Este movimiento financiero representó la recuperación efectiva de los recursos que habían sido entregados como anticipo al contratista. La rápida respuesta de la aseguradora, que le dio la razón al municipio y permitió la recuperación de los fondos en menos de cuatro meses después de la sanción, fue destacada por la administración. Este logro es fundamental, ya que convierte un fracaso político y técnico heredado en una victoria fiscal propia para la actual administración. Al recuperar el capital, la Alcaldía protege los recursos públicos y adquiere la legitimidad necesaria para reasignar este dinero hacia proyectos de impacto inmediato en la calidad de vida de los ibaguereños. La alcaldesa declaró que este es «un paso clave para salvaguardar los recursos de nuestra ciudad».
La administración municipal ha definido el destino de los $3.914 millones recuperados de la sanción. Estos fondos serán reinvertidos en la renovación de acueducto, alcantarillado y pavimentación de vías en los barrios, a través del programa «Combo 3×1» operado conjuntamente con el Ibal. Este programa tiene como meta la intervención y rehabilitación de 34 vías priorizadas en la ciudad. La alcaldesa anunció que se iniciaría un convenio con el Ibal la semana siguiente al anuncio para poner en marcha estos combos. Sin embargo, se genera una disonancia crítica entre el éxito fiscal y la urgencia comunitaria: la lista de las 34 vías a intervenir no ha confirmado explícitamente la inclusión inmediata de la Calle 59 del Barrio La Floresta. Si la comunidad más afectada por el colapso del contrato, y por cuya causa se recuperaron estos fondos, no figura entre los primeros beneficiarios del resarcimiento, el sentimiento de abandono administrativo se perpetuaría, a pesar de los avances legales y fiscales logrados.
Más allá de los fondos de la sanción, la Alcaldía de Ibagué ha tomado una decisión estructural respecto al destino del empréstito original de $40.000 millones. Se presentó ante el Concejo Municipal la solicitud formal para cambiar la destinación de este capital. El nuevo foco de inversión será la recuperación integral de la Avenida Ambalá, específicamente en el sector El Salado. Este proyecto abarca aproximadamente cuatro kilómetros e incluirá la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, la pavimentación total de la vía, y la construcción de andenes y sardineles. La alcaldesa justificó esta reasignación en la necesidad de «priorizar las soluciones de movilidad de la ciudad» y de ejecutar los recursos del empréstito en una necesidad más sentida, como la deteriorada malla vial. Este cambio refleja una modificación en el paradigma de inversión, abandonando proyectos focales y de alto riesgo (el puente) en favor de la rehabilitación de infraestructura arterial existente y urgente, lo que apunta a una gestión menos riesgosa y más orientada al mantenimiento sistémico de la ciudad.
El fracaso del Puente de la 60 ha generado una lección de alto costo para Ibagué, pero también un caso de estudio sobre la respuesta fiscal y administrativa ante la corrupción. Aunque la administración Aranda ha logrado éxitos jurídicos y fiscales significativos, recuperando los casi $4.000 millones y reasignando el empréstito hacia proyectos viales más viables, la prueba de fuego de su sensibilidad administrativa reside en el resarcimiento del daño local. La comunidad de La Floresta lleva casi tres años de un «calvario» económico y de movilidad. La exigencia de Fabiola Peñaloza de que los recursos se utilicen en el mantenimiento de vías y alcantarillado para que los residentes no vuelvan a pasar otro diciembre en las «penumbras» sigue siendo la métrica de éxito más crucial. El éxito de la gestión no se medirá únicamente por los miles de millones reasignados en el macro-esquema, sino por la respuesta concreta y expedita a la pregunta que mantiene la presión ciudadana sobre la Alcaldía: «¿hasta cuando señora alcaldesa Johanna Aranda?». La reparación de la Calle 59 es el paso ineludible para que Ibagué pueda pasar la página del fallido «Puente Fantasma.»
