Edgar Romero Macías, Segundo Vicepresidente de FECODE
Escribo esta columna en medio de la definición por parte del gobierno nacional, de presentar la iniciativa al congreso de la república, del proyecto de ley orgánica de competencias, que reglamentará el acto legislativo 03 de diciembre de 2024. En ella se establecerá los montos y porcentajes de los recursos de financiación de la educación en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media y a su vez, para salud y agua apta para el consumo.
Las implicaciones de la ley presenta tensiones entre el poder central y regional por la distribución de los recursos y competencias, en los sectores citados versus el aumento del propósito general, que agrupa en la actualidad más de 17 destinaciones o, en la creación de otros aspectos que ha suscitado el interés de muchos gobernadores, alcaldes y congresistas que pretenden ampliar los mismos, frenando el óptimo crecimiento de los tres derechos, que se deberían valorar como inversión y no como gastos en el desarrollo de la nación.
En la actualidad, la fórmula de crecimiento del Sistema general de participaciones (SGP), está supeditada al promedio de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación (ICN) de los últimos 4 años. Con el nuevo acto legislativo, la fórmula no dependerá de ello, sino que debe alcanzar en 12 años a partir del 2027, el 39. 5 % una cifra que con la fórmula existente no se puede alcanzar, debido al comportamiento de la economía y otras variables y, que por el contrario su aplicación en estos 24 años generó déficit en el caso educativo.
Sin embargo, el crecimiento por definir en la ley, tiene muchas expectativas e intereses de buena fe en algunos casos para atraer mayor inversión en los territorios, en otros nos asiste el temor del desvío de los mismos, para otros destinos incluida la politiquería y la corrupción o, que el déficit aumente y se desaproveche esta oportunidad para corregirlo y avanzar en el cierre de brechas de la canasta educativa.
Le corresponde al presidente y el gobierno nacional equilibrar la iniciativa o inclinarse por los sectores de educación, salud y agua apta para el consumo o, aumentar el propósito general como lo plantean las regiones, eso sí en contravía de un mayor crecimiento de los tres sectores mencionados. En mi opinión y por lo que hemos luchado los maestros de Colombia agrupados en FECODE, creemos que la inversión en educación es un fin superior y un deber ser, de cualquier Estado que pretenda salir del atraso.
En Colombia hay un rezago en materia de inversión educativa y a pesar del esfuerzo del gobierno del cambio, a quien se le reconoce, la mayor inversión en el presupuesto nacional para educación, este no logra subsanar las desigualdades sobre todo en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media, en el costo de una canasta educativa óptima. Ese rezago de crecimiento lo produjeron los dos actos legislativos de 2001 y 2007 aplicados por los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.
Las cifras y datos del rezago de crecimiento en el sistema general de participaciones (SGP), es el resultado de estudios de economistas de varias entidades incluida la federación y el mismo gobierno en todos sus niveles. Debe preocuparnos que para el caso educativo las brechas producidas ascienden a 315 billones de pesos. Hemos demostrado con estos estudios en las diferentes discusiones sostenidas con diferentes actores la necesidad de hacer una apuesta constitucional, legal , administrativa, fiscal, presupuestal y sobre todo estructural de manera distinta.
Ver el sector como un gasto lo mismo que la salud o el agua es un error como política de Estado y como visión de sociedad. Por el contrario; un pueblo bien educado, sano y con buenas condiciones de vida es una posibilidad para progresar y vivir mejor.
Nuestro llamado a Alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados, autoridades, organizaciones sociales, sindicales, ciudadanía y gobierno nacional, es apostar por mayor inversión sectorial, inclinar la balanza en la perspectiva de desarrollo y no en crear o aumentar destinos del crecimiento de la educación, en otros rubros, que si bien son importantes, tienen otras posibilidades, otras fuentes y otra arquitectura de descentralización, que incluso del mismo acto legislativo garantiza.
Estamos a la expectativa de la decisión y listos para librar la batalla por una mejor financiación de la educación pública, del derecho a la salud y la mejor calidad del agua para todos los colombianos.
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