Por: Luisa Fernanda Bohórquez; Abogada y Periodista
Qué ironía tan brutal —y qué cinismo histórico— que quien hoy acusa, amenaza y secuestra en nombre de la “lucha contra el narcotráfico” sea el mismo poder que ha protegido y liberado a uno de los mayores implicados en el narcotráfico político de América Latina.
En diciembre de 2025, Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por conspiración para importar toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas, tras haber facilitado envíos masivos y recibir sobornos de capos del tráfico de droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Hernández, conocido también como JOH, no fue un pequeño operador: fue acusado de convertir a Honduras en un narcoestado, usando su poder para proteger redes de narcotraficantes y facilitar el paso de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Antes de eso, la justicia estadounidense ya había condenado y encarcelado, entre otros, al hermano de JOH, Juan Antonio “Tony” Hernández, quien recibió una sentencia de prisión por cargos de narcotráfico.
A pesar de esto —a pesar de la evidencia de un entramado político y criminal que incluso influyó en la política hondureña— Donald Trump decidió perdonar a Hernández justo en el contexto de unas elecciones en las que apoyó directamente a un candidato conservador.
Como si no bastara con la hipocresía de indultar narcotraficantes aliados, Trump ha cruzado ahora una línea aún más peligrosa: acusar abiertamente y sin presentar una sola prueba al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de supuestamente tener “fábricas de cocaína” y de estar vinculado al narcotráfico, al tiempo que amenaza con perseguirlo políticamente.
No es una denuncia judicial.
No es una investigación formal.
Es una acusación pública lanzada desde el poder imperial, diseñada no para buscar la verdad, sino para amedrentar a un jefe de Estado y sembrar miedo en todo un pueblo.
Este tipo de declaraciones no son inocentes. En un país como Colombia —marcado por décadas de guerra, estigmatización y violencia política— acusaciones de este calibre funcionan como gasolina sobre fuego seco. Trump lo sabe. Y aun así lo hace.
Con esas palabras no solo intenta intimidar al Gobierno colombiano: estigmatiza al pueblo, deslegitima un mandato democrático y enciende deliberadamente la llama del odio y el morbo en la derecha colombiana, que rápidamente replica el discurso imperial para justificar persecución, sabotaje político y desestabilización interna.
Así opera el libreto: primero se señala sin pruebas, luego se instala la sospecha, después se legitima la agresión. Es la misma estrategia usada contra otros países: criminalizar para intervenir, mentir para dominar, amenazar para someter.
Trump no necesita demostrar nada. En la lógica imperial, la acusación ya es el castigo. El objetivo no es la justicia, es el miedo. No es combatir el narcotráfico, es disciplinar a quien no obedece.
Y lo más grave: estas declaraciones no solo atacan a un presidente, ponen en riesgo a la población, alimentan la polarización y validan discursos de odio que históricamente han terminado en violencia real en Colombia.
Frente a eso, el pueblo colombiano —y los pueblos de la región— no pueden caer en la trampa del miedo ni del odio importado. La respuesta debe ser dignidad, unidad y memoria histórica. Porque ya se sabe cómo empieza esta película y cómo termina cuando el imperio logra dividir.
No es Petro quien está en juicio aquí. Es la soberanía, es la democracia, es el derecho de los pueblos a no ser amenazados por mentiras lanzadas desde el poder.
Y frente a ese terrorismo psicológico, la respuesta no es el silencio.
Es la conciencia despierta, es la organización popular, es la unidad regional.
Porque cuando el imperio miente en voz alta,
los pueblos deben responder con verdad, dignidad y resistencia colectiva.
