Una investigación de La Otra Verdad revela que la actual administración infló en un 91% las cifras de trámites pendientes para justificar la toma del control contractual de la entidad. Mientras la Procuraduría General ya puso la lupa sobre el caso, documentos oficiales dejan al descubierto un entramado de desinformación y persecución.
En los pasillos de Coljuegos, la entidad que administra el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia, los números siempre han sido la base de la verdad. Sin embargo, en los últimos meses, las matemáticas parecen haber sido reemplazadas por la estrategia política. Una investigación profunda de La Otra Verdad pone al descubierto cómo la narrativa oficial de “salvamento” de la entidad se construyó sobre un cimiento de arena: cifras infladas, filtraciones selectivas de informes reservados y una sistemática evasión de responsabilidades ante el control periodístico.
El génesis del relato: La “Crisis” como herramienta de poder
El 11 de julio de 2023 marcó un antes y un después para Coljuegos. Con la llegada del Dr. Marco Emilio Hincapié a la presidencia, se instaló un discurso de emergencia. Hincapié, ante micrófonos de las más importantes cadenas radiales y rotativos del país, aseguró haber recibido una entidad en parálisis técnica, con un “represamiento” de solicitudes de operadores que oscilaba, según sus declaraciones, entre los 541 y los 623 trámites.
Bajo esta premisa de “inoperancia de la administración anterior”, Hincapié firmó la Resolución 20231200017584. Mediante este acto administrativo, el Presidente reasumió funciones que históricamente habían estado delegadas en la Oficina Jurídica, concentrando el poder de decisión sobre la contratación misional y la aprobación de pólizas directamente en su despacho.
Sin embargo, el castillo de naipes comenzó a derrumbarse cuando la propia entidad tuvo que responder a los requerimientos técnicos de este medio de comunicación.
La verdad del sistema ORFEO: El desfase del 91%
Tras una insistente labor de fiscalización periodística, la Oficina Jurídica de Coljuegos emitió el radicado de respuesta 20250457481. El documento es demoledor: la entidad certifica que, según el sistema oficial de gestión documental ORFEO, con corte exacto al 11 de julio de 2023, los trámites pendientes de contratación misional eran únicamente 326.
La aritmética no miente: existe una diferencia de 297 trámites entre la realidad institucional y la versión entregada a la opinión pública. El Presidente Hincapié le dijo al país que había el doble de represamiento del que realmente existía. Esta inflación estadística no fue un error de digitación; fue el sustento mediático para justificar la remoción de personal técnico y la toma del control total de la entidad por parte de la nueva administración.
Al ser consultados sobre estas contradicciones y sobre la veracidad de las entrevistas dadas a la prensa, los actuales directivos de Coljuegos optaron por una táctica de evasión. En una respuesta oficial firmada por el Jefe de la Oficina Jurídica (e), la entidad afirmó “no conocer” los links o las publicaciones de prensa donde su propio Presidente fue el protagonista, a pesar de ser hechos de notoriedad nacional.
“Es alarmante que una entidad que maneja los recursos de la salud de los colombianos pretenda ignorar sus propias declaraciones públicas para evitar dar explicaciones técnicas sobre el desfase de sus cifras”, señala una fuente jurídica consultada para este reportaje.
Aquí algunos recortes de los artículos de prensa que según la oficina Jurídica de Coljuegos dice “no conocer” pero que se hicieron públicos en medios de comunicación como El Espectador y la W Radio.
Ver documento Completo: Respuesta a Derecho de Petición por parte de Coljuegos
ITRC: El uso de la reserva como arma de ataque
El entramado de este caso no se limita a Coljuegos. La Agencia del Inspector General de Tributos (ITRC) juega un papel fundamental en lo que parece ser una pinza institucional. Mientras la directora de la agencia, Eva Carolina Madrid Torres, responde formalmente a La Otra Verdad (Radicado 2-2025-009257) ratificando que toda la información de sus auditorías está bajo estricta reserva legal según el Decreto 4173 de 2011, la realidad en los medios de comunicación fue otra.
Informes preliminares (que por ley no son públicos ni definitivos) de la ITRC fueron filtrados selectivamente a la prensa nacional semanas antes. Estas filtraciones permitieron que el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, hoy preso por el caso de UNGRD, y el propio Presidente de Coljuegos, lanzaran graves acusaciones de corrupción contra exservidores públicos, entre ellos el exjefe de la oficina jurídica Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica.
Esta maniobra permitió condenar públicamente a funcionarios sin que existiera —y sin que exista a día de hoy— un fallo sancionatorio ejecutoriado, rompiendo el espinazo del debido proceso y la presunción de inocencia.
La sombra de la persecución administrativa
Detrás de este baile de números se esconde el caso de Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica, exjefe jurídico de la entidad, quien renunció denunciando presiones y quien hoy sostiene una batalla jurídica mediante una Acción de Tutela. Los documentos sugieren que la administración actual habría utilizado la maquinaria del Estado y la filtración de informes no definitivos para construir un relato de culpabilidad antes de cualquier juicio.
Ver documento Completo: Respuesta por parte del ITRC
La Procuraduría General de la Nación entra en escena
Este cúmulo de irregularidades, inconsistencias numéricas y presuntas violaciones a la reserva legal ya no solo son materia de debate periodístico. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado oficialmente las indagaciones pertinentes para determinar la responsabilidad disciplinaria de los implicados.
El Ministerio Público deberá investigar si el Presidente de Coljuegos incurrió en Falsedad Ideológica en Documento Público o en una falta gravísima a la Moralidad Administrativa al consignar o utilizar cifras que no corresponden a la realidad del sistema ORFEO. Así mismo, la Agencia ITRC deberá responder por la custodia de sus expedientes y por qué documentos reservados terminaron siendo leídos en vivo en la radio nacional mientras se le negaban las copias al propio implicado, el Dr. Troncoso, para ejercer su defensa.
La pregunta que queda en el aire es: si la administración de Coljuegos mintió o erró de tal forma en el diagnóstico inicial, ¿qué otras decisiones basadas en datos falsos se han tomado y cómo han afectado estas el recaudo para la salud de los colombianos?
¿Quién es Marco Emilio Hincapié y porqué es tan polémico?
Marco Hincapié asumió la presidencia de Coljuegos en julio de 2023. Desde su llegada, su gestión se ha caracterizado por un discurso de “emergencia administrativa” y lucha contra la corrupción, el cual ha utilizado para implementar cambios estructurales profundos en la entidad. Sin embargo, las investigaciones periodísticas sugieren que este perfil de “salvador institucional” podría estar sustentado en información imprecisa o deliberadamente manipulada.
Ya ha tenido encontrones con el sindicato de esta entidad, debido a que muchas veces se le ha reclamado que esta usando su poder para barrer con los funcionarios que llevan plan carrera y que tienen una curva de aprendizaje en la misma, cabe resaltar que esta entidad, necesita tener datos técnicos muy exactos por lo que se requiere gente con la experiencia en la misma y lo que alegan el sindicato SINTRACOLJUEGOS, es que ha ido despidiendo a funcionarios que llevaban más de 10 años en la misma y que tenían un plan carrera. La Otra Verdad entrevisto a una de sus voceras hace un tiempo en el programa “Radar Político”.
El Escándalo de “Balcones de Santa Cecilia”: Sueños de Vivienda Convertidos en Estafa
Uno de los episodios más cuestionados en la carrera de Hincapié tiene que ver con su rol como empresario inmobiliario a través de la constructora H&H Consultorías y Construcciones S.A.S. El proyecto de vivienda de interés social (VIS) denominado Balcones de Santa Cecilia, en Ibagué, se convirtió en un calvario para decenas de familias humildes.
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El Modus Operandi: Según las denuncias, el proyecto fue promocionado con la promesa de entregar viviendas dignas a familias que invirtieron sus ahorros de toda la vida. Sin embargo, el proyecto nunca se terminó y quedó en obra negra.
Las Víctimas: Las familias denunciaron que, tras entregar sumas millonarias, la constructora de Hincapié entró en una parálisis total. Muchas de estas personas son de escasos recursos y terminaron endeudadas con bancos por un techo que jamás recibieron.
La Implicación Judicial: El caso ha escalado a denuncias penales por estafa agravada. Lo que más indigna a las víctimas es que, mientras ellas perdían sus ahorros, Hincapié ascendía políticamente hasta llegar a la presidencia de Coljuegos, manejando ahora los recursos de la salud del país.
El “Peaje” de los 1.500 Millones: La Denuncia de Andrés Guerra
Este es el punto que conecta a Hincapié directamente con la corrupción en el sistema electoral colombiano. Mientras Marco Emilio Hincapié se desempeñaba como Magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue señalado por el hoy senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, en un presunto caso de extorsión política.
La Acusación: Andrés Guerra denunció públicamente que, durante el proceso de escrutinio para las elecciones al Congreso, se le solicitó la suma de 1.500 millones de pesos para “asegurar” su curul y evitar que “se la quitaran” en los conteos del CNE.
El Rol de Hincapié: Según el relato de Guerra, los acercamientos se habrían dado a través de intermediarios o entornos cercanos a los magistrados que tenían en sus manos la validación de los votos. Guerra calificó esto como un “peaje” criminal dentro de la máxima autoridad electoral del país.
Impacto en la Credibilidad: Aunque Hincapié ha negado estas acusaciones, la denuncia de Guerra quedó grabada en el registro de la opinión pública como una de las manchas más graves sobre el CNE en la última década, sugiriendo que las curules en Colombia tenían un precio bajo la vigilancia de personajes como él.
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