Durante un debate de control político en el Concejo de Ibagué, el concejal Jorge Bolívar denunció fallas en los procesos de contratación liderados por la administración de Johana Aranda. Según el cabildante, en 2024 se destinaron más de $150.000 millones a burocracia y contratos de prestación de servicios, mientras la malla vial colapsa y persisten atrasos en la modernización del sistema de semaforización.
En medio de un acalorado debate de control político adelantado en el Concejo de Ibagué, el concejal Jorge Bolívar lanzó fuertes críticas contra la gestión de la alcaldesa Johana Aranda, señalando un gasto desmedido en burocracia mientras la infraestructura vial de la ciudad se encuentra en un estado crítico. La sesión, que tuvo como eje el análisis de los contratos celebrados por el IBAL, el SETP y la Secretaría de Infraestructura, expuso lo que el concejal consideró una mala administración de los recursos públicos.
“En el 2024, entre IBAL, SETP e Infraestructura, solo se invirtieron $3.894 millones en la malla vial, mientras que se gastaron más de $150.000 millones en contratos de prestación de servicios. Por eso la ciudad colapsó en el 2025, las calles están llenas de huecos”, afirmó Bolívar durante su intervención. Su señalamiento fue directo a la mandataria local, quien lidera la administración desde enero pasado.
El concejal también expuso serias irregularidades en el contrato de semaforización de casi $9.000 millones, el cual ha presentado atrasos y conflictos con el contratista. “Según el SETP, el contrato sigue en marcha, pero hay una ejecución atrasada en un 44%, lo que equivale a cerca de $4.000 millones. La interventoría incluso sugiere liquidar el contrato”, explicó Bolívar, calificando la situación como preocupante y exigiendo respuestas claras por parte del Gobierno local.
En sus declaraciones, Bolívar cuestionó los convenios firmados por la Secretaría de Infraestructura con entidades sin ánimo de lucro, insinuando que se podrían estar eludiendo procesos licitatorios establecidos por ley. “No sabía que firmaban convenios con estas entidades como si no tuvieran que regirse por pliegos tipo. Aquí lo que están haciendo es eludir la normatividad de contratación”, agregó, llamando la atención de los entes de control.
La administración de Johana Aranda, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente frente a las denuncias, aunque fuentes cercanas al despacho aseguran que los procesos contractuales cuentan con soporte jurídico y técnico. Sin embargo, en el recinto del Concejo, los argumentos del concejal encontraron eco entre algunos sectores ciudadanos que se han quejado del deterioro evidente de las calles y la falta de mantenimiento urbano.
Durante el debate también se evidenció que los procesos de supervisión y seguimiento por parte de la administración han sido insuficientes. El mismo Bolívar cuestionó que no existan indicadores públicos de cumplimiento ni seguimiento detallado sobre los avances de la semaforización y obras viales. “La falta de control interno es evidente, y los resultados los vemos todos los días cuando salimos a la calle”, concluyó.
Las declaraciones del concejal no solo generaron polémica, sino que encendieron el debate sobre la transparencia y eficiencia de la actual administración municipal. Varios ciudadanos han pedido claridad sobre el destino de los recursos públicos y esperan una respuesta concreta por parte de la alcaldesa Aranda.
Este debate marca un nuevo capítulo en la relación tensa entre el cabildo y la alcaldía de Ibagué, y pone sobre la mesa un tema que ha sido recurrente en la ciudad: el abandono de la infraestructura básica y el uso de los recursos municipales en gastos que no se reflejan en mejoras tangibles para la ciudadanía.
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