En un giro impactante, el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático ha sido detenido por la Corte Suprema de Justicia, desencadenando un escándalo de corrupción que involucra millonarios recursos públicos y sacude a por lo menos cinco municipios del Tolima. El congresista es señalado de utilizar su influencia para favorecer a empresas contratistas en la obtención de millonarios contratos del Estado y del Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante los años 2021 y 2022.
El entramado de corrupción, revelado en un expediente de la Fiscalía, apunta a un direccionamiento de contratos y el pago de sobornos a cambio de la adjudicación de millonarios proyectos de infraestructura e intervención vial en municipios como Alvarado, Piedras, Purificación, Mariquita y Saldaña. Los contratos, otorgados a Global Green y Mauricio Alberto Quiceno, habrían dejado millonarios recursos que eran destinados a Ciro Ramírez a través de sobornos del 10% del valor total del contrato.
La red de corrupción se extiende aún más con la implicación del exrepresentante a la Cámara por el Tolima, Pierre García. Durante su período como subdirector del DPS entre 2021 y 2022, García habría participado en irregularidades y se habría repartido cerca de $1.000 millones con Ciro Ramírez. Ambos políticos, copartidarios y amigos, según testimonios, habrían lucrado ilícitamente con contratos destinados a la paz.
Los municipios afectados por este escándalo incluyen Alvarado, donde un proyecto de placas huella estuvo en el centro de la polémica por indicios de direccionamiento. Aunque inicialmente se buscaba favorecer a Ánderson González González, este se habría desinteresado, alegando problemas presupuestarios, permitiendo que el contrato se adjudicara de manera aparentemente regular.
El expediente judicial y los testimonios de testigos revelan una compleja red de corrupción que involucra a diversas figuras políticas y contratistas en el Tolima. La sociedad tolimense enfrenta una crisis de credibilidad, exigiendo una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a quienes han malversado fondos públicos, comprometiendo el desarrollo y la transparencia en la región. Este escándalo deja al descubierto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en la contratación pública para evitar casos similares en el futuro.
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