El secretario de Gobierno, Diego Castillo, cuestiona los constantes aplazamientos judiciales y señala la falta de respuestas de la Fiscalía, especialmente en casos de alto impacto como el del exalcalde Marcos Ospina. Se convocará un Consejo de Seguridad urgente.
Un contundente llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación hizo el secretario de Gobierno de Lérida, Diego Castillo, ante la aparente falta de avance en procesos judiciales claves para el municipio. El funcionario denunció públicamente la dilación en investigaciones y audiencias, lo cual, según él, afecta la lucha contra la inseguridad y la corrupción en la localidad tolimense.
Castillo aseguró que, a pesar de los esfuerzos de la administración para fortalecer la seguridad, incluyendo la instalación de cámaras y la entrega de herramientas a la Policía, el sistema judicial no responde con la misma contundencia. “No investiga, no recibe o no atiende los casos con la diligencia que se requiere”, señaló con preocupación.
Uno de los ejemplos más delicados que mencionó fue el del exalcalde Marcos Ospina, implicado en un proceso por presunto peculado por apropiación. De acuerdo con el funcionario, la audiencia ha sido aplazada en tres ocasiones sin justificación, lo que genera desconfianza entre los ciudadanos y debilita la institucionalidad.
“No sabemos si el ente investigador no impulsa el proceso o si hay un cuello de botella que nadie quiere identificar, pero lo cierto es que no podemos seguir en esta situación”, expresó. Castillo también calificó de “ridículo” que, pese a las denuncias y al respaldo institucional a la Policía, la justicia parezca no funcionar.
El secretario manifestó su indignación por lo que considera una omisión grave de las autoridades judiciales. “No podemos tener a ciudadanos que atentan contra la sana convivencia, poniendo en riesgo la vida de otros por balas perdidas o hechos violentos, sin que haya una respuesta rápida del sistema judicial”, advirtió.
En respuesta a esta crisis, el gobierno municipal convocará un Consejo de Seguridad extraordinario la próxima semana, al que se espera la asistencia del director seccional de la Fiscalía. El objetivo será destrabar los procesos represados y entender las causas del estancamiento en los casos judiciales.
Además de la situación institucional, Castillo expresó su solidaridad con el periodista Jorge Enrique Navarro Neira, quien ha sido blanco de amenazas por su cubrimiento de temas judiciales. El funcionario anunció que se buscarán mecanismos para garantizar su seguridad y el libre ejercicio de su labor periodística.
“Un periodista no puede ser silenciado por hacer su trabajo. Su compromiso con la verdad merece protección y respeto”, agregó. La situación del comunicador ha encendido alertas en el municipio, donde el ejercicio del periodismo también se ve afectado por la falta de garantías.
Desde distintos sectores de la comunidad se suman voces que respaldan el llamado del gobierno local y exigen acciones inmediatas de las autoridades nacionales. La esperanza está puesta en que el Consejo de Seguridad logre destrabar los procesos y devolverle a Lérida la confianza en la justicia.
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