Andrés Ramos, activista del municipio de Coello (Tolima), y su pareja, denunciaron públicamente el retiro de su bebé por parte de la Comisaría de Familia. Aseguran que el procedimiento fue arbitrario, sin justificación clara ni seguimiento adecuado, y exigen saber el paradero del menor. Temen represalias por su labor social.
Una profunda angustia vive el líder social Andrés Ramos y su pareja desde el pasado 11 de julio, cuando su hijo de tan solo ocho meses fue retirado del hogar materno en un procedimiento adelantado por funcionarios de la Comisaría de Familia, que según denuncian, se realizó sin notificación formal, sin acta oficial y sin permitir defensa previa.
“Han pasado 12 días sin saber dónde está nuestro bebé. Es doloroso pensar que por una supuesta medida de protección se le quite a un niño la posibilidad de estar con su familia. Si como pareja fallamos, él tenía tíos, abuelos, personas que podían cuidarlo mientras resolvíamos las diferencias”, expresó Ramos con la voz quebrada.
El joven activista, reconocido en Coello por su trabajo comunitario, señaló que el procedimiento podría tener motivaciones políticas o personales. En menos de 15 días, recibió dos comparendos, una multa de casi $11 millones y, coincidentemente, el mismo día le fue retirado su hijo sin una orden judicial clara.
“No puede ser coincidencia que todo ocurra al tiempo. Me sancionan con una suma elevada y, horas después, me quitan a mi hijo sin permitirnos siquiera saber a dónde lo llevaban. No lo acepto como una simple medida de protección. Queremos que haya seguimiento, pero por personas imparciales”, enfatizó.
La pareja insistió en que no están en contra de un proceso de protección al menor si fuera necesario, pero reclaman el derecho a estar informados y a participar activamente en cualquier decisión que afecte a su hijo. “Queremos saber dónde está, si está bien, y que esté con su familia mientras todo se aclara”, sostuvo la madre.
Ramos también cuestionó que no se haya ofrecido una alternativa de custodia con los abuelos o familiares cercanos. “Esto parece más una sanción disfrazada que una medida en favor del bienestar del niño. Queremos criar a nuestro hijo, no estamos huyendo de nuestras responsabilidades”.
Ambos padres afirmaron que desde hace dos meses venían trabajando en la reconstrucción de su relación como pareja, y que siempre han brindado un ambiente seguro al menor. Pidieron a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y entes de control revisar la legalidad del procedimiento.
En declaraciones públicas, el padre aseguró que acudirá a todas las instancias legales posibles, pero que su prioridad inmediata es recuperar el contacto con su hijo. “Estamos aquí no porque queramos estar, sino porque estamos reclamando los derechos de nuestro hijo. Queremos una familia. Queremos que vuelva a casa”.
La comunidad de Coello, que conoce de cerca el trabajo social de Ramos, también ha expresado su solidaridad y ha pedido transparencia en el proceso. En redes sociales, circulan mensajes de apoyo y exigencias de respuestas a las autoridades.
Hasta el momento, la Comisaría de Familia no ha emitido una declaración oficial sobre el caso. La familia continúa esperando una respuesta que les permita reencontrarse con su hijo y esclarecer las razones reales de lo sucedido.
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