Por Rodrigo López Oviedo
La estructura tributaria de una sociedad es un indicador de primer orden de su carácter de clase. Según cuál sea la clase social que esté en el poder, así serán su estructura tributaria y los intereses que a través de ella se defiendan.
En nuestro caso, los intereses de la burguesía comercial, por ejemplo, han ocasionado la casi desaparición de los aranceles; los intereses de los terratenientes se han visto reflejados en una valoración catastral mínima de sus haciendas; los de los dueños de las sociedades limitadas, en cero impuestos para los dividendos, y los de las oligarquías financieras, en casi todos los anteriores beneficios y algunos cuantos más.
Pero nuestras clases dominantes requieren de un Estado económicamente robusto para que pueda asumir con plena eficacia la protección de sus intereses; por eso trasladan a los trabajadores el peso de los tributos de que ellos se han descargado.
La reforma tributaria que actualmente cursa en el Congreso busca reducir en tres puntos porcentuales el impuesto a la renta de esas castas dirigentes y, para compensar, extender el IVA a prácticamente toda la canasta familiar, con el contentillo de una presunta devolución a los sectores más pobres del valor que estos hayan pagado.
Las organizaciones sindicales y populares adelantan ingentes esfuerzos para impedir que al pueblo se le siga castigando con incrementos como el anotado, y por la señal que traen los tiempos presentes, es de esperar que no pase en el Congreso tal aspecto de la reforma.
Sin embargo, con todo y que caiga el incremento del IVA, no es suficiente. Y no lo es porque evitar la pérdida de solo lo que pagaríamos de más por tal concepto dejaría viva la otra pérdida, la de los tres puntos porcentuales que dejarían de ingresar al presupuesto oficial por la reducción en igual puntaje de las tarifas de impuestos a los de arriba, y que, por no percibirse, servirían de justificación para que se siga reduciendo la inversión social e invocando la Regla Fiscal cada vez que las demandas sociales requieran de gruesas partidas del presupuesto para ser atendidas.
La lucha contra el incremento del IVA es una lucha justa, y hay que darla. Pero, por lo dicho, es una lucha incompleta, como lo han sido todas las que se han dado, y como lo seguirán siendo las que vengan después, mientras la izquierda y las organizaciones en las cuales influye no logren capitalizar el creciente descontento social que hay, y elevarlo a los niveles que permitan conseguir las reformas y transformaciones por las cuales han luchado desde siempre, en la perspectiva de alcanzar un mundo mejor.
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