El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de preclusión del juicio contra Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el caso de la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana, ocurrida el 7 de marzo de 2006 en el departamento del Tolima.
Según la Fiscalía, esta presunta desmovilización fue un montaje orquestado con ciudadanos que no pertenecían a grupos armados, pero que fueron presentados como guerrilleros y entregaron armas para simular su reintegración a la vida civil. Estas personas fueron acogidas en su momento por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Restrepo.
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El ente acusador sostiene que el evento tuvo como principal intermediario al exguerrillero Raúl Agudelo, alias «Olivo Saldaña», quien habría contado con el respaldo financiero del narcotraficante Hugo Alberto Rojas y el apoyo político y jurídico del entonces Alto Comisionado para la Paz.
En el acto de la desmovilización estuvieron presentes figuras clave como el general Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional de la época, quien actualmente enfrenta cargos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos».
Dentro del expediente judicial se señala que, dos días antes de la falsa desmovilización, Luis Carlos Restrepo habría solicitado a María Inés Restrepo, directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz, un desembolso de 81 millones de pesos para gastos logísticos, recursos que fueron presuntamente mal utilizados.
En la audiencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó compulsar copias para investigar a los abogados defensores de Restrepo por posibles maniobras dilatorias en el proceso, lo que podría representar una obstrucción a la justicia.
El excomisionado enfrenta cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, un delito que pone en tela de juicio la gestión de los recursos públicos destinados a programas de reintegración y reconciliación.
Con la decisión de no aceptar la preclusión, el juicio avanzará hacia una etapa decisiva. Este caso ha despertado interés nacional, pues representa uno de los escándalos más emblemáticos relacionados con los procesos de paz durante el gobierno Uribe.
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