El exmagistrado del CNE instó al alcalde de Medellín a presentar pruebas ante la Fiscalía sobre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay, o de lo contrario, advirtió, estaría incurriendo en complicidad y difamación.
En medio de una creciente tensión política nacional, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, lanzó un fuerte pronunciamiento contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a raíz de sus recientes declaraciones sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Según Pérez, las afirmaciones del mandatario local deben ir acompañadas de pruebas concretas que permitan identificar a los presuntos autores intelectuales del crimen, y dichas evidencias deben ser entregadas de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación.
El jurista, reconocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la transparencia electoral, utilizó su cuenta oficial en la red social X para emplazar públicamente a Gutiérrez. En su mensaje, Pérez fue enfático al advertir que, de no presentar pruebas, el alcalde estaría incurriendo en una conducta que podría interpretarse como complicidad con los responsables y, al mismo tiempo, como difamación hacia el presidente Gustavo Petro, a quien Gutiérrez habría vinculado indirectamente en sus señalamientos.
Este llamado se produce en un contexto político altamente polarizado, donde los temas de justicia y seguridad se convierten en puntos de confrontación entre líderes nacionales y regionales. Pérez subrayó que las acusaciones sin sustento no solo dañan la reputación de las personas mencionadas, sino que también socavan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar y sancionar, debilitando así el Estado de derecho.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, un hecho que conmovió al país, sigue siendo objeto de investigaciones judiciales que buscan esclarecer plenamente tanto la autoría material como la intelectual. En este escenario, cualquier señalamiento público sin respaldo probatorio adquiere especial relevancia y puede tener repercusiones jurídicas, tanto para quien lo emite como para las personas aludidas.
Luis Guillermo Pérez insistió en que la Fiscalía General debe ser el canal institucional para recibir y procesar cualquier información relacionada con este caso, recordando que la justicia no puede avanzar sobre la base de declaraciones políticas o con fines electorales. “Las instituciones judiciales deben trabajar con evidencias, no con especulaciones mediáticas”, señaló el exmagistrado, dejando claro que su exhortación busca proteger la integridad del proceso investigativo.
Hasta el momento, el alcalde Federico Gutiérrez no ha respondido de forma pública a la solicitud y advertencias hechas por el exmagistrado. Su silencio, sin embargo, ha alimentado la expectativa en medios y redes sociales sobre si presentará pruebas formales o si, por el contrario, mantendrá sus afirmaciones como parte de un debate político más amplio.
La controversia se suma a otros enfrentamientos discursivos que en las últimas semanas han protagonizado figuras políticas de alto perfil, evidenciando un clima de confrontación en el que la línea entre la denuncia legítima y la difamación parece cada vez más difusa. Analistas consideran que este tipo de situaciones no solo impacta la agenda pública, sino que también erosiona la legitimidad de los actores políticos y las instituciones que representan.
La opinión pública permanece atenta a la evolución de este caso, que podría derivar en acciones judiciales si se demuestra que las afirmaciones del alcalde carecen de fundamento. En cualquier escenario, el debate sobre la responsabilidad política y ética de los funcionarios al emitir acusaciones sin pruebas seguirá ocupando un lugar central en la discusión nacional.
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