La demora en la notificación del fallo de una acción de tutela por parte del magistrado Iván Lenis, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha desatado críticas sobre la administración de justicia en Colombia. Lenis tardó 110 días en emitir la notificación, excediendo los 10 días hábiles estipulados por la ley. Este incumplimiento ha generado preocupación sobre la eficiencia del sistema judicial y ha afectado gravemente a la accionante, una mujer de bajos recursos.
Los documentos obtenidos por LAOTRAVERDAD.CO revelan que la tutela fue admitida el 21 de mayo de 2024, pero la notificación del fallo no se realizó sino hasta el 12 de septiembre del mismo año. Según el Decreto 2591 de 1991, la ley exige que este tipo de fallos sean notificados en un plazo máximo de 10 días, lo que sitúa al magistrado Lenis en el centro de la polémica por posible prevaricato.
Este retraso no solo viola los principios de celeridad y eficiencia que deben regir el actuar de los servidores públicos, sino que también ha dejado en una situación de vulnerabilidad a la mujer que interpuso la acción de tutela. Como madre cabeza de familia y con limitados recursos, la demora en la resolución ha tenido un impacto directo en su vida y en su acceso a la justicia, un derecho fundamental garantizado por la Constitución.
El caso ha vuelto a poner de manifiesto los problemas estructurales en la administración de justicia en Colombia, donde los procesos judiciales, en muchos casos, tardan años en resolverse. Además, los altos salarios que reciben los magistrados, cercanos a los 45 millones de pesos mensuales, contrastan con la percepción de ineficiencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones.
A esto se suma que los magistrados cuentan con un fuero constitucional que les impide ser investigados por la Fiscalía o la Procuraduría, dejando dicha responsabilidad a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Este organismo ha sido duramente criticado por su politización y por la falta de avances en las investigaciones contra altos funcionarios, lo que genera una sensación de impunidad.
El retraso en la justicia no solo afecta a la accionante de esta tutela, sino que refleja un problema generalizado en el sistema judicial colombiano. Casos que deberían resolverse en plazos razonables, muchas veces se extienden durante años, afectando a miles de ciudadanos que dependen de una pronta resolución para defender sus derechos.
Ante este panorama, sectores de la sociedad civil y expertos en derecho han exigido reformas urgentes para garantizar una mayor eficiencia y transparencia en el sistema judicial, proponiendo, entre otras medidas, la eliminación de los fueros y el fortalecimiento de los mecanismos de control y sanción para los magistrados.
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