El presidente Gustavo Petro presentó en entrevista con Daniel Coronell un mapa oficial del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), que evidencia una disminución significativa de los cultivos de coca en varias regiones del país. El mandatario defendió los avances del Gobierno en la lucha contra las drogas y cuestionó los señalamientos del expresidente estadounidense Donald Trump.
El académico Andrés Tafur Villarreal, investigador del Centro de Estudios Regionales (CERE) de la Universidad del Tolima, presentó una síntesis de los resultados de diversos procesos de investigación sobre el conflicto y la paz en el sur del departamento. Su ponencia, titulada “Transformación de las conflictividades en el sur del Tolima e interrogantes sobre la transición hacia la paz territorial”, abordó los principales hallazgos sobre la evolución de la violencia y los retos actuales para consolidar la paz en los territorios históricamente golpeados por la guerra.
El evento, denominado “Paces urbanas: reconfiguraciones de las violencias y retos para la construcción de paz en el eje cafetero y el Tolima”, reunió a investigadores, universidades y redes académicas como la Red Quynza, con el propósito de fortalecer los procesos de construcción de paz en el país. Durante su intervención, Tafur resaltó que el sur del Tolima ha sido epicentro de múltiples ciclos de violencia que se remontan al conflicto bipartidista y que, a pesar del Acuerdo de Paz de 2016, siguen generando tensiones y nuevas formas de conflictividad.
El investigador explicó que, aunque la desmovilización de las AUC en 2005 y la firma del Acuerdo de Paz marcaron hitos significativos, la región aún enfrenta expresiones de reconfiguración armada, especialmente en municipios como Planadas, Rioblanco y Chaparral. En estos territorios, la presencia de disidencias y economías ilegales continúa afectando la seguridad y la gobernanza local.
De acuerdo con los análisis del CERE, las transformaciones de la confrontación armada después de 2016 reflejan una violencia más fragmentada y compleja. Los enfrentamientos entre estructuras como el EMC y la Segunda Marquetalia han redefinido el mapa del conflicto, mientras que otros actores, como el Clan del Golfo, operan bajo lógicas de control social y económico sin presencia militar directa.
Tafur también enfatizó que la paz territorial no puede imponerse desde arriba, sin la participación de los actores locales. Señaló que la implementación del Acuerdo de Paz con enfoque territorial (AFP) ha enfrentado obstáculos por la falta de apropiación comunitaria y la débil articulación institucional en la ejecución de programas como los PDET o el OCAD Paz.
Asimismo, advirtió que la clase política local ha adoptado una posición oportunista frente a la paz, priorizando la captación de recursos antes que la transformación real de los territorios. Esta situación, sumada a la falta de coordinación entre las instituciones y la politización de los programas, dificulta la consolidación de una paz estable y duradera en el sur del Tolima.
Otro de los puntos críticos abordados fue la prevención y protección de los liderazgos sociales y excombatientes, que continúan siendo blanco de amenazas y violencias. Tafur cuestionó si el Estado está cumpliendo efectivamente su papel en la garantía de derechos y la seguridad de quienes promueven la reconciliación.
El estudio también expone que persisten nuevas conflictividades en torno a las Zonas de Reserva Campesina, la minería ilegal, el monocultivo del café y la impunidad de delitos cometidos por distintos actores armados. Estas dinámicas reflejan que la violencia estructural, marcada por la pobreza, las desigualdades y la falta de desarrollo, sigue siendo un desafío fuera de los marcos del Acuerdo de Paz.
Finalmente, el profesor destacó que el sur del Tolima continúa siendo un territorio emblemático en la historia del conflicto colombiano, pero también un escenario de esperanza. La apuesta por la paz territorial, afirmó, solo será posible si se construye desde las comunidades, con participación activa y con una visión que priorice la justicia social, la equidad y la transformación de las estructuras que perpetúan la violencia.
