La senadora perteneciente a la bancada del partido Centro democrático estaría implicada en la venta de un inmueble a uno de quise fuese en los años 90 testaferro de los Hermanos Rodríguez Orejuela, el implicado es Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien entró en la Lista Clinton por gerenciar empresas fachada de los narcotraficantes jefes del Cartel de Cali.
La denuncia que también va acompañada de otros varias investigaciones que se le hacen a la senadora y los posibles nexos que la legisladora tiene con empresas en el Valle del Cauca, entre ellas la azucarera Riopaila, quien estaría implicada por compras de predios de manera forzosa y con presión de grupos al margen de la ley.
Aquí la investigación:
A María Fernanda Cabal la han rodeado personas vinculadas al narcotráfico, a los señalados como ‘paraísos fiscales’ y una red de negocios relacionados a sus familiares cuyos activos totales suman más de $5 billones. Cuestión Pública encontró que Cabal está en dos sociedades registradas en Panamá. Vendió un apartamento al empresario Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien entró en la Lista Clinton por gerenciar empresas fachada de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. El padre de la senadora fue depositario de bienes expropiados a narcotraficantes por el DNE en los gobiernos Pastrana y Uribe. Una empresa en la que Cabal ha sido accionista, es socia de Riopaila Castilla S.A, donde sus familiares han tenido participación y han sido miembros de la junta directiva. Riopaila adquirió y concentró cerca de 41 mil hectáreas de tierra en Vichada por medio de 27 sociedades españolas y un holding en Luxemburgo. Su esposo, José Felix Lafaurie, ha sido señalado por presuntos vínculos con exjefes paramilitares. Directivos de Augura, aportante de su campaña en 2018, fueron financiadores de las Convivir.
María Fernanda Cabal Rivera nació en Cali, Valle, en 1966; es hija de Santiago Cabal Rivera, industrial azucarero, y Amparo Molina de Cabal, exsecretaria de educación de Santiago de Cali. Está casada con el ganadero y dirigente gremial José Félix Lafaurie.
En 1995 fue consultora en campo de organizaciones comunitarias del Amazonas, como contratista de Dirección General de Integración y Desarrollo Digidec, y luego para la Alcaldía de Bogotá (1994, Antanas Mockus), el Comisionado Nacional de Policía (1996) y la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, AID, en relación con el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, según su perfil oficial como representante a la Cámara.
Entre 1997 y 2005, Cabal Rivera fue incursionó en el mercadeo de viajes al exterior para alumnos y profesores, a través de dos empresas, Vela Ltda y Student Travel Center.
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Mario Iguarán, ex viceministro de Interior de Álvaro Uribe, electo fiscal en 2005, la vinculó a la Fiscalía General de la Nación, como Directora de Asuntos Internacionales. En marzo de 2007, renunció a la Fiscalía, según le dijo ella a El Tiempo. Esto en medio de un escándalo por una posible filtración de información privilegiada a narcotraficantes que alguien de su oficina habría realizado, de acuerdo al diario.
No obstante, la discusión posterior se centró en el hecho de que habría conocido que la calificación de la Dirección de Derechos Humanos, a la investigación por la masacre de San José de Apartadó (de febrero de 2005), había violado la reserva judicial al compartirla con el Ministerio de Defensa y criticó públicamente su contenido, que ya Mario Iguarán había respaldado también públicamente, como informó Caracol Radio.
En 2014 entró en la selección de la lista cerrada del uribismo a la Cámara de Representantes por Bogotá y fue electa. Durante su período en la Cámara integró las Comisiones Constitucional Primera y Legal de Cuentas.
En la lista al Senado por Centro Democrático en las elecciones de 2018 fue elegida con 37.598 votos.
Al otro día de las elecciones, Néstor Humberto Martínez aseguró en rueda de prensa que un contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá habría constreñido a profesoras de jardines infantiles de Kennedy en Bogotá, a votar por su fórmula a la Cámara de Representantes, Diego Caro, y por ella al Senado.
Negocios de Familia:
Parqueadero -Barranquilla
El 20 de abril de 2018, un mes después de ser elegida como senadora, María Fernanda Cabal Molina adquirió un apartamento de 58,50 metros cuadrados con un parqueadero de 12,50 metros cuadrados y un depósito registrado en Barranquilla a la fiduciaria Davivienda S.A.
El inmueble está en un sector de estrato cuatro, con propiedades avaluadas aproximadamente en $197 millones.
Apartamento- Medellín
El 17 de agosto de 2007, la senadora María Fernanda Cabal compró por $30.157.000 un apartamento en Medellín con un área de 55.31 metros cuadrados a Gloria Gutiérrez de Cadavid.
El 13 de agosto de 2008 la senadora vendió por $31.364.000 este inmueble a Lina Patricia Miranda Durán y a Ricardo Villamil León.
Apartamento – Cali
El 28 de septiembre de 1990, María Fernanda Cabal Molina, entonces coordinadora del programa Democracia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, le compró a su hermana Ana María Cabal Molina un apartamento de 131,14 metros cuadrados con garaje en Cali por $6 millones.
El 20 de febrero de 1992, María Fernanda Cabal le vendió el inmueble a Rodrigo José Sarasti Guerrero, presidente de Sarasti & CIA S.A.S, empresa dedicada al alojamiento en hoteles, actividades de consultoría de gestión y al cultivo de caña de azúcar, según la Cámara de Comercio de Cali.
El 17 de septiembre de 2003 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Sarasti Guerrero en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (Sdnt por sus siglas en inglés), conocida como la Lista Clinton,pues según este departamento Sarasti era el “gerente general y accionista de una empresa de fachada del Cartel de Cali” y también era funcionario de Kesman Overseas y Zaratan Corporation, compañías holding offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Además, para entonces el Departamento del Tesoro señaló que Kesman Overseas es “propiedad o está bajo el control de una persona que actúa en nombre o representación de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela”, y que este holding sirve como fachada para “sus actividades de tráfico de narcóticos y lavado de dinero”.
La (Ofac por su sigla en inglés) retiró el 30 de octubre de 2009 a Sarasti y a otros colombianos de la Lista Clinton.
La Red
El círculo de María Fernanda Cabal Molina está compuesto principalmente por sus familiares, que han tejido negocios en las áreas que la senadora ha legislado como el sector agropecuario, energético e inmobiliario.
También lo integran empresarios ganaderos y del agro, empezando por su esposo José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Dentro de su red de poder hay personas rodeadas por el paramilitarismo y escándalos por acumulación de tierras:
José Felix Lafaurie fue señalado por Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de los bloques Córdoba y Catatumbo de las AUC, de haberlo buscado en 2005 para respaldar la elección Mario Iguarán como Fiscal General de la Nación, según un artículo publicado por Verdad Abierta el 3 de octubre de 2018.Lafaurie ha negado esos vínculos. En 2005 Cabal fue nombrada como directora de Asuntos Internacionales por la Fiscalía de Mario Iguarán, cargo que ocupó hasta marzo de 2007, según el perfil de la senadora en la página web de la Cámara de Representantes.
La Asociación de Bananeros de Colombia, aportante de campaña, aceptó a través de un comunicado en 2017 que empresarios bananeros apoyaron financieramente a las Convivir, según informó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
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José Ernesto Macías Medina, accionista y suplente del gerente de dos empresas aportantes de campaña, ha sido demandado en el proceso de reclamación de tierras por parte de campesinos sobre baldíos de la hacienda Las Pavas, en Bolívar, que fueron ocupados hace más de 10 años por 123 familias, explicó Verdad Abierta el 12 de diciembre de 2018. Sobre este caso hay dos procesos en curso: uno de extinción de dominio en el Consejo de Estado y una investigación en curso por el delito desplazamiento forzado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena contra alias “Rapidito”, paramilitar que dio la orden a los campesinos de abandonar los predios de Las Pavas, según un abogado representante de Asocab que representa a los campesinos.
Riopaila Castilla S.A., donde han estado primos y tíos de Cabal, ha estado inmersa en presuntos negocios irregulares con los baldíos de la Nación en Vichada, donde adquirió y concentró más de 41 mil hectáreas de tierra por medio de 27 sociedades constituidas por Riopaila en 2010. Su único socio era el abogado Francisco José Uribe Noguera, quien el 30 de diciembre de 2011 cedió las acciones de las 27 SAS a cinco compañías españolas, cuyo único dueño es Asturias Holding S. A. R. L., ubicado en Luxemburgo, según un informe de la Contraloría en 2017. Este medio encontró evidencia de que las relaciones entre Riopaila Castilla SA y al menos dos de las empresas, creadas bajo la asesoría de Uribe Noguera de la firma Brigard & Urrutia que luego estuvieron involucradas en la presunta acumulación de tierras en Vichada, continuó cuando la senadora Cabal ya era accionista de Inversiones González Cabal y CIA S. C. A.
En el informe de gestión de 2017 que reposa en la Cámara de Comercio de Palmira, la empresa Agroforestal La Pradera SAS “generó ingresos por $104 millones producto del arrendamiento de los predios la Pradera y Samaria, en Vichada, según contrato de arrendamiento celebrado con Riopaila Castilla SA por 30 años”. En esta Cámara de Comercio no reposa a fecha de esta publicación ningún documento que registre la cancelación del contrato de arrendamiento entre Riopaila Castilla SA y Agroforestal La Pradera SAS.
Lo mismo sucede con Agroforestal El Paraíso SAS, empresa propiedad de Riopaila Castilla SA, según registros de la empresa de febrero de 2012, que recibió $26 millones del contrato de arrendamiento con Riopaila.
Según registros de Riopaila Castilla SA, al 17 de octubre de 2018, la empresa Inversiones González Cabal y CIA S. C. A., aparecía dentro de los principales 20 accionistas. En 2017, según la Cámara de Comercio de Cali, Cabal tenía una acción en Inversiones González Cabal y CIA S. C. A. A fecha de esta publicación no reposaba en la Cámara de Comercio de Cali, registro de que haya cedido sus acciones.
El cuñado de Cabal, Rafael González Ulloa, denunció ante el extinto Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, estos presuntos negocios irregulares.
En un tuit del 21 de julio de 2013, cuando un usuario en esta red social le preguntó si le merecía algún comentario este caso particular, la senadora sugirió que había que separar la actuación de los abogados asesores de la de la empresa azucarera y agregó en otro tuit que “para eso hay responsabilidad jurídica”
Dos miembros adicionales de su red han ocupado altos cargos públicos:
Luisa Fernanda Lafaurie Rivera: cuñada de la senadora fue ministra de Minas de noviembre de 2001 a agosto de 2002. Ocho años, después, el 6 de septiembre de 2010, actuando como apoderada de la sociedad panameñaTucurinca SA, confirió un poder especial a María Paula Rubio para abrir la sucursal Tucurinca Sucursal Colombia SA, empresa involucrada en presuntas irregularidades en la adquicisión de tierras en La Gloria, Cesár, según una investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Somo en 2016.
Alejandro Ordoñez Maldonado: el destituído exprocurador general, amigo de la senadora, también ha sido uno de los más críticos de la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), ley que la senadora ha intentado modificar en al menos dos ocasiones en el Senado.
Procesos Judiciales:
Motivo
Por actos contrarios a la prohibición general, desviación de clientela, desorganización, confusión, explotación de la reputación ajena, inducción a la ruptura contractual y violación de normas.
Descripción
El 26 de mayo de 2003, Adriana Escobar Ospina demandó a su exsocia María Fernanda Cabal Molina, a su empresa Student Travel Ltda y a Lorena Velásquez Leal, representante legal de Viajes Estudiantiles Ltda(Vela Ltda), por “actos contrarios a la prohibición general, desviación de clientela, desorganización, confusión, explotación de la reputación ajena, inducción a la ruptura contractual y violación de normas“, según registros de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio
De acuerdo con los expedientes de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 5 de septiembre de 1996 Cabal y Escobar constituyeron Vela Ltda con igual participación de capital social. Escobar Ospina aseguró que entre 1999 y 2003 las demandadas realizaron actos que calificó como desleales, como, según ella, no citarla a a la asamblea de socios y disminuir su participación en el capital social a un 12%.
Cabal argumentó que la crisis del turismo en 2001 y los malos manejos de dinero, el abuso de confianza, la “pésima gestión contable y administrativa”, el desvío de la clientela hacia la agencia de viajes Calitour de propiedad de la madre de la demandante (Adriana Escobar) la llevó a disolver la sociedad el 9 de abril de 2003.
El 1 de abril de ese mismo año constituyó Student Travel Center, agencia de viajes que es representada por su hijo Santiago Lafaurie Cabal.
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó las pretenciones de Escobar y archivó la demanda el 5 de noviembre de 2010.
Ente investigador
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio
Estatus
Archivo
Fecha inicio proceso
26/05/2003
Fecha de cierre proceso
05/11/2010
Número de proceso
11001310301820030023701
Motivo
Buscar a María Fernanda Cabal Molina para retractarse “(…) por haberse referido a los manifestantes de #ChaoProcu como “los vándalos” (…)”.
Descripción:
El 18 de noviembre de 2016, Néstor Alonso Díaz Lizarazo impugnó ante la Corte Suprema de Justicia – Civil, una sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del 4 de noviembre de ese año, en contra de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, Caracol Televisión S.A., María Fernanda Cabal Molina, Thania Vega de Plazas y Marco Fidel Ramírez para que se retractaran por haberse referido a los manifestantes del plantón que organizó el 13 de noviembre de ese año como “los vándalos”.
Diaz Lizarazo dijo que obtuvo los permisos pertinentes de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, para realizar un “plantón” denominado “#ChaoProcu” el 13 de noviembre de 2016 “al frente de la Procuraduría General de la Nación”, para mostrar su “beneplácito” por la destitución de Alejandro Ordóñez Maldonado.
Pero Díaz Lizarazo señaló que durante su manifestación se realizó una marcha paralela organizada por Thania Vega, senadora del Centro Democrático, en honor a Ordoñez, sin los permisos para hacerla. Además, indicó que los asistentes a su actividad fueron “agredidos física y verbalmente” por los otros manifestantes, entre los cuales, destaca a la congresista María Fernanda Cabal, al concejal Marco Fidel Ramírez y a “funcionarios de la Procuraduría”, quienes, según él, habrían contado con el respaldo de la Policía Nacional.
Vega, Cabal y Suárez le respondieron por separado que no hicieron parte de la organización del plantón y desconocen si los organizadores dieron cumplimiento a la Constitución y las leyes. Por su parte la Policía Nacional señaló que no es competente para verificar si los responsables de una manifestación cumplen con el permiso para realizar dicha actividad, según el documento del proceso en la Corte Suprema al que accedió Cuestión Pública.
El 30 de noviembre de 2016, en fallo de la Corte Suprema de Justicia, se confirmó la sentencia impugnada, en la que se había desestimado la protección solicitada a la igualdad, honra y a “reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, al considerar que no existen elementos de juicio “que permitan pregonar respecto de los accionados y vinculados la incursión en conductas que atenten contra los derechos fundamentales del gestor, (…) que obligue a disponer la retractación reclamada y, mucho menos, a ordenar que ofrezcan unas disculpas públicas en la forma y condiciones que pretende el actor”.
Ente investigador
Corte Constitucional
Estatus
Confirmado
Fecha inicio proceso
04/11/2016
Número de proceso
11001220300020160239501
Investigación actualizada y proporcionada por cuestionpublica.com para ampliar infomación. ingresar a este link.
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