La representante Marta Alfonso se pronunció a través de un video en el que detalló las implicaciones del reciente hundimiento de la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional. La medida, impulsada por la administración de Gustavo Petro, buscaba incrementar los recursos fiscales mediante nuevos impuestos a sectores específicos, con el objetivo de garantizar la financiación de proyectos sociales y de inversión para el próximo año.
Alfonso explicó que el presupuesto general de la nación para 2025, fijado en 523 billones de pesos, es extremadamente ajustado y cuenta con altos compromisos inflexibles. De este monto, 112 billones están destinados al pago de la deuda —incluyendo 59 billones en intereses—, mientras que otros rubros, como pensiones, aseguramiento en salud y transferencias a municipios, absorben gran parte de los recursos, dejando apenas 12 billones disponibles para inversión en el Plan Nacional de Desarrollo.
En su intervención, la congresista señaló que la ley de financiamiento tenía un carácter progresivo, pues buscaba recaudar impuestos a los sectores con mayores recursos. Entre las propuestas destacadas, mencionó el incremento del impuesto al carbón, que pretendía pasar de 25.000 a 75.000 pesos por tonelada, alineándose con estándares internacionales, y la creación de un impuesto sobre ingresos mensuales superiores a 125 millones de pesos, afectando únicamente a grandes contribuyentes.
Además, la medida contemplaba gravar las ganancias de juegos en línea y apuestas virtuales, que generan ingresos de hasta 450.000 millones de pesos y actualmente no pagan impuestos en Colombia. Según Alfonso, estas disposiciones no afectarían a la clase trabajadora ni a los sectores más vulnerables, desmontando los argumentos que señalaban lo contrario.
La ley también incluía incentivos para reactivar sectores estratégicos de la economía. Entre ellos, destacó la reducción del impuesto de renta para pequeñas y medianas empresas, pasando del 35% al 27,3%, y la posibilidad de deducir un 5% de la declaración de renta por la compra de bienes inmuebles en 2025. Asimismo, se proponían subsidios para servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3, así como beneficios tributarios al turismo en municipios con menos de 200.000 habitantes.
Alfonso lamentó que el hundimiento de esta iniciativa afectará la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos sociales. No obstante, resaltó que la economía colombiana sigue mostrando señales positivas, con un crecimiento proyectado de más del 2% este año, lo que podría generar recursos adicionales para mitigar el déficit presupuestal.
“La situación es difícil, pero no habrá recortes en las políticas sociales que han beneficiado a miles de colombianos y sacado a muchos de la pobreza”, aseguró Alfonso. La congresista atribuyó el hundimiento de la ley a intereses de los partidos tradicionales, que —según ella— buscan frenar el proyecto de transformación liderado por el gobierno.
Finalmente, la representante hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y comprometida con la defensa de las políticas que buscan mejorar la calidad de vida de las mayorías. Recalcó que, pese a los obstáculos, la economía nacional sigue siendo una de las más saludables y competitivas de la región, de acuerdo con evaluaciones internacionales.
