La representante Martha Alfonso pidió a la gobernadora Adriana Matiz aclarar el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima, señalando que, pese al aumento de la financiación nacional, persisten dudas sobre la calidad de los alimentos, la transparencia de los operadores y el impacto en los estudiantes.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima volvió a estar en el centro del debate público tras las declaraciones de la representante a la Cámara, Martha Alfonso. En un mensaje difundido en la red social X, la congresista destacó que el aumento de cobertura obedece principalmente al incremento de los recursos de la Nación, más no a los aportes departamentales, los cuales, según advirtió, han disminuido en los últimos años.
De acuerdo con la legisladora, el presupuesto nacional destinado al PAE pasó de $36.603 millones en 2022 a más de $60.665 millones en 2025, un incremento significativo que permite la atención de cerca de 91.000 estudiantes en el departamento. Sin embargo, la cofinanciación departamental, que en 2022 representaba el 23,4 % del total, se redujo a un 19 % para 2025, con apenas $8.400 millones de aporte.
Alfonso insistió en que más allá del “show mediático” en torno a presuntos escándalos de corrupción, lo urgente es llevar a cabo investigaciones serias y transparentes que respondan a preguntas fundamentales: ¿quiénes son los operadores del programa?, ¿qué calidad tienen los alimentos que se entregan?, ¿a qué costo llegan a los colegios? y ¿qué condiciones de infraestructura existen para la adecuada prestación del servicio?
La congresista también señaló la necesidad de evaluar el impacto del PAE en la calidad educativa y la salud de los estudiantes, dado que este programa no solo busca garantizar alimentación, sino también contribuir a la permanencia escolar y al rendimiento académico. Para ello, recalcó, es fundamental un control más riguroso por parte de los entes de vigilancia.
Otro de los aspectos cuestionados por Alfonso es la falta de claridad sobre si los operadores del PAE compran los alimentos a campesinos y empresarios locales, lo cual permitiría dinamizar la economía regional y garantizar mayor frescura y calidad en los productos. Según la congresista, la efectiva aplicación de la Ley de Compras Públicas podría mejorar notablemente la cobertura y eficiencia del programa en el Tolima.
El pronunciamiento generó un llamado directo a la gobernadora Adriana Matiz, a quien Alfonso instó a reconocer que el crecimiento en la cobertura del PAE se debe, principalmente, a la gestión del Gobierno Nacional y no al esfuerzo financiero del departamento. “Piensa y hablamos, aquí lista para trabajar en el tema”, escribió la representante en su mensaje.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios han respaldado la solicitud de mayor transparencia, considerando que el PAE ha sido históricamente señalado por irregularidades en distintas regiones del país. En el Tolima, los padres de familia han manifestado preocupación sobre la calidad y cantidad de los alimentos entregados, así como las condiciones logísticas para su distribución.
En ese contexto, Alfonso reiteró que es momento de avanzar en procesos judiciales y sancionatorios contra quienes puedan estar incurriendo en irregularidades. Asimismo, invitó a que, si no existen pruebas de corrupción, se presenten las retractaciones correspondientes. El debate, según sus palabras, no debe centrarse en acusaciones sin fundamento, sino en la construcción de soluciones efectivas para los estudiantes.
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