El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, respondió con sarcasmo a la apertura de una indagación por posible hostigamiento vinculado a una publicación del 11 de octubre sobre la primera dama y las ayudas a damnificados del terremoto de Pereira. Acompañó su mensaje con un documento de la Fiscalía y cuestionó de nuevo el destino de las donaciones.
El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, reaccionó con ironía este 24 de octubre a la apertura de una indagación de la Fiscalía General de la Nación relacionada con una publicación sobre la primera dama Ana Lucía Pineda Aruachán. En su cuenta de X escribió: “Parece que voy a estrenar la primera mega cárcel del país. Creo que me van a enviar al pabellón el Tigre”.
En el mismo mensaje, el dibujante volvió a cuestionar el destino de las donaciones destinadas a los damnificados y acompañó sus comentarios con la imagen de un documento atribuido al ente investigador. La publicación generó nuevas reacciones en redes y reavivó el debate sobre los límites de la crítica pública y la protección contra la violencia de género.
Según el documento divulgado, la actuación busca examinar una publicación del pasado 11 de octubre y determinar su eventual relevancia penal por posible hostigamiento, tipificado en los artículos 134B y 134C del Código Penal. El caso fue asignado a una fiscal del Grupo de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial.
La publicación original del 11 de octubre incluía expresiones despectivas dirigidas a la primera dama mientras se cuestionaba la entrega de ayudas tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar (Chocó) y afectó especialmente a Pereira y zonas aledañas. Matador escribió entonces: “Bueno ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”.
La Fiscalía abrió la noticia criminal de oficio tras recibir solicitudes, entre ellas la del abogado Andrés Felipe Caballero Sierra, y consideró que, por las características de los hechos, la conducta “podría estar asociada a una manifestación de violencia contra la mujer”. Inicialmente se mencionó también el presunto delito de injuria agravada.
La apertura de esta actuación no equivale a una declaración de culpabilidad ni implica, por sí misma, una orden de captura o medida de aseguramiento. Se trata de una fase preliminar orientada a recaudar elementos materiales probatorios y verificar si existen fundamentos para avanzar en el proceso.
El Gobierno nacional y la firma De la Espriella Lawyers habían rechazado con anterioridad los calificativos utilizados por el caricaturista, calificándolos de ofensivos, discriminatorios y misóginos, y solicitaron la intervención de las autoridades. También se presentaron denuncias ciudadanas que pedían investigar posibles delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado.
Las referencias de Matador a un eventual encarcelamiento y al “pabellón el Tigre” corresponden al tono irónico y sarcástico de su publicación del 24 de octubre. Mientras la Fiscalía avanza en la verificación de los hechos, el caso mantiene abierta la discusión sobre la libertad de expresión de los caricaturistas, la rendición de cuentas de recursos públicos y privados para emergencias, y la protección de las mujeres frente a expresiones que puedan constituir violencia de género.
