El congresista fue acusado formalmente por la Corte Suprema por presuntamente instigar actos de odio contra el presidente Gustavo Petro y exmiembros del M-19. Su caso podría ser trasladado a la Sala de Primera Instancia.
La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al representante a la Cámara Miguel Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado. El alto tribunal determinó que el congresista promovió e instigó actos orientados a causar daño al presidente Gustavo Petro y a excombatientes del extinto grupo M-19, por razones de discriminación ideológica y política.
La investigación contra Polo Polo inició en julio de 2024, luego de que la Corte abriera un expediente basado en sus publicaciones en redes sociales. En una de ellas, realizada en abril del mismo año, el congresista se refirió al M-19 como “excremento terrorista” y sus miembros como una “plaga sanguinaria”. Sus declaraciones generaron controversia y múltiples denuncias.
Según el tribunal, Polo Polo habría utilizado diversos medios de comunicación para difundir mensajes que instaban a eliminar a los exguerrilleros y al presidente. Este comportamiento, de acuerdo con la Corte, constituye hostigamiento agravado y atenta contra la convivencia democrática.
Con esta acusación, el congresista opositor al gobierno está a un paso de enfrentar un juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Aunque su defensa aún puede apelar la decisión, si la acusación queda en firme, el tribunal determinará si Polo Polo es culpable del delito que se le imputa.
Expertos en derecho penal han señalado que, de ser hallado culpable, el representante podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la pérdida de su investidura como congresista. Sin embargo, el proceso aún deberá superar varias etapas judiciales antes de llegar a una sentencia definitiva.
Polo Polo, conocido por su fuerte discurso en contra del gobierno de Gustavo Petro, no se ha pronunciado sobre la decisión del tribunal. No obstante, en ocasiones anteriores ha defendido su derecho a la libre expresión y ha calificado las denuncias en su contra como un intento de censura por parte de sus opositores.
El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública sobre los límites de la libertad de expresión y el discurso de odio en el ámbito político. Mientras algunos consideran que sus declaraciones son inaceptables en una democracia, otros argumentan que se trata de una persecución política.
Con esta acusación, la Corte Suprema sienta un precedente sobre el uso de discursos violentos en la política colombiana. El desenlace del juicio será clave para definir hasta dónde pueden llegar los límites del debate político en el país.
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