Estas irregularidades, documentadas en medios locales y plataformas como el SECOP, han reavivado el reclamo de transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública local.
La administración de la alcaldesa Johana Aranda enfrenta críticas por supuestos casos de corrupción y despilfarro en Ibagué. Informes de concejales e instituciones de control señalan contratos de arrendamiento por unos $10.900 millones para el 2024, entre ellos un polémico alquiler del Hotel Dulima por $2.153 millones en ocho meses. Además, un crédito municipal de $7.000 millones para el Parque Centenario ha generado más de $1.000 millones en intereses sin que se ejecute la obra. Se denuncia también un pago de casi $1.900 millones a un interventor de un puente inconcluso sin avances reales, la compra de una camioneta Mercedes-Benz GLE 450 híbrida valuada en cerca de $300 millones y un viaje oficial a China en Semana Santa con familiares en la comitiva y que hasta el momento no ha respondido las preguntas vía derecho de petición radicada por esta redacción.
La Alcaldía de Ibagué, bajo la gestión de Johana Aranda, ha destinado recursos extraordinarios a contratos de arrendamiento de sedes oficiales. Sólo en 2024 se pagaron cerca de $10.900 millones en arriendos para oficinas municipales. El concejal Jorge Bolívar denunció que no se planificó la construcción de sedes propias, sino que se prefirió alquilar espacios privados por cifras exorbitantes.
Por ejemplo, la sede de la Secretaría de Hacienda fue adjudicada a la empresa TERRA HD SAS de Número de NIT: 809012930, por $2.153 millones durante ocho meses (unos $269 millones mensuales según el contrato), cuando estudios internos sugieren que el costo justo para ese periodo rondaría $1.440 millones. El uso de la contratación pública mediante procesos de contratación directa (SECOP: proceso RP-13-2025, cuantía $1.363 millones) sin licitación transparente ha motivado alarmas sobre la falta de criterios claros y posibles sobrecostos.
La práctica de arrendamientos masivos también alcanzó otras dependencias: la Secretaría de Salud, por ejemplo, mantiene un contrato con Asia Agro Colombia S.A.S. de número de NIT: 900280827 por $1.229 millones por 10 meses. Este alquiler, pactado desde que Aranda era secretaria de Salud, equivale a unos $82 millones mensuales, un valor que según documentos oficiales excede por más de $408 millones el precio estimado justo.
En total, se reportaron más de treinta contratos de arrendamiento a diferentes propietarios por más de $10.955 millones durante 2024. Varios de esos arrendadores tendrían vínculos políticos con la Administración o incluso han sido señalados de actuar con presuntos testaferros, lo que ha suscitado denuncias de nepotismo y ‘aceite político’ en la asignación de esos contratos. Dicha situación compromete la transparencia, pues pese a la disponibilidad de datos en el SECOP no se han publicado criterios de selección ni estudios comparativos que justifiquen los costos contratados.
El empréstito de $60.000 millones aprobado por el Concejo en 2021 para financiar obras de infraestructura tampoco ha sido inmune a controversias. De ese crédito, $7.000 millones se destinaron originalmente al mejoramiento del Parque Centenario. Sin embargo, cinco años después no se ha firmado ningún contrato de obra, mientras el municipio sigue pagando intereses. Según concejales de oposición, esa demora ha generado más de $1.000 millones en intereses perdidos. Como alertó el concejal Bolívar, “se han perdido más de $2.000 millones en la obra del Centenario sin que nadie responda… han generado el desembolso de $7.000 millones, del cual llevamos más de un año pagando intereses y no se ha ejecutado la obra”. Este detrimento patrimonial refleja, según los opositores, un grave déficit de rendición de cuentas: el dinero del empréstito fue desembolsado, pero los proyectos no arrancaron, resultando en puro despilfarro financiero. Mientras el gobierno local anuncia finalmente la licitación para abril de 2025, los recursos del crédito no avanzan y el pasivo en intereses sigue creciendo.
Particularidades de la contratación en lo público
Otro caso emblemático de irregularidad administrativa involucra la interventoría de la obra vial inconclusa del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta. A pesar de que la construcción fracasó, el consorcio interventor Conexión Vial 60 logró cobrar casi $1.928 millones –el 64.32% del contrato original de $2.997 millones– sin un avance real en la obra. Esto fue posible tras una cuestionada modificación contractual autorizada en 2023, que le permitió a la firma recibir pagos mensuales independientemente del progreso de la obra. El interventor beneficiado es familiar de un funcionario municipal, según reportes de prensa, lo cual ha despertado sospechas de tráfico de influencias. Organismos de control y medios locales han señalado que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Procuraduría deben de adelantar indagaciones por el desembolso irregular, pues no hay justificativo técnico para cancelar ese monto sin ejecutar la obra.
En el ámbito personal, la alcaldesa Aranda también ha sido objeto de polémica por la adquisición de bienes de alto valor. Un mes después de ser elegida, adquirió una camioneta Mercedes-Benz GLE 450 híbrida modelo 2020, valorada en cerca de $300 millones según el RUNT. La fuente de esos recursos no ha sido aclarada a satisfacción pública. De hecho, tras años de silencio, medios investigativos revelaron que dicho vehículo fue puesto discretamente a la venta por $235 millones en Bogotá. Los reportes sugieren que la camioneta podría haber sido un ‘regalo’ de un empresario ligado a contrataciones municipales, dado que la mandataria contaba con una flota oficial para sus traslados y el uso del automotor habría correspondido a su familia. Este episodio ha reavivado cuestionamientos sobre la corrupción en el manejo patrimonial de la alcaldesa, destacando la necesidad de transparencia en la declaración de bienes y posibles conflictos de interés.
Asimismo, el viaje oficial de Aranda a China en Semana Santa de 2025 generó críticas por su aparente carácter familiar y gastos adicionales al erario local. La alcaldesa participó en Chengdú del Foro Internacional de Ciudades Hermanas (16-17 de abril), pero lo hizo acompañada de su esposo y dos hijos, aprovechando el feriado de Semana Santa. Aunque la misión oficial anunciaba negociaciones de exportación de café y promocionaba un hermanamiento con Chengdú, apenas se difundieron tres videos en redes sociales como evidencia. Aranda defendió el viaje diciendo que fue invitada con todos los gastos pagados por la Embajada de China y que Ibagué era “muy parecida” a Chengdú. Sin embargo, expertos en turismo estiman que el costo de pasajes, hoteles y viáticos para tres familiares de la alcaldesa rondó los $60 millones, cifra que hasta ahora nadie ha explicado cómo fue financiada. Esta misión mixta, oficial y familiar, ha sido tildada de despilfarro de recursos públicos, pues los detractores consideran que no produjo beneficios medibles para la ciudad y evidencia falta de planificación estratégica, porque no se mostraron los resportes, convenios o actas, ni mucho menos ni informes del viaje a los ciudadanos o a la opinión pública.
Frente a estos hechos, concejales de la oposición y veedurías ciudadanas han exigido explicaciones detalladas. En debates de control político se ha reclamado mayor transparencia en la contratación pública y rendición de cuentas exhaustiva de cada contrato. Como advirtió un concejal de oposición, “en la Alcaldía de Ibagué se han gastado recursos sin justificar cada sede ni verificar si era necesaria”. Se ha pedido a la Contraloría Municipal y a la Procuraduría que evalúen posibles detrimentos patrimoniales. Los datos en el SECOP confirman múltiples procesos de arrendamiento directo: por ejemplo, el proceso RP-13-2025 de arrendamiento para la Secretaría de Hacienda registra una cuantía de $1.363 millones. Pese a la existencia de esta información técnica oficial, la alcaldía no ha hecho públicos análisis comparativos ni informes de auditoría que justifiquen las decisiones. En su lugar, voceros del gobierno defienden la legalidad de los contratos, mientras surgen denuncias de “políticos camuflados” detrás de inmuebles alquilados.
La combinación de cifras exorbitantes y falta de controles efectivos alimenta la percepción ciudadana de un patrón clientelar en la administración local. Varios analistas señalan que la estrategia recuerda a la del exalcalde Andrés Hurtado, mentor político de Aranda, en la cual la contratación pública se habría utilizado para recompensar allegados. A diferencia de ejercicios de transparencia promovidos en otras alcaldías, en Ibagué no se han publicado planes de uso de cada inmueble arrendado ni se convocó a concurso abierto, lo que aumenta las sospechas de nepotismo. En definitiva, la actual gestión se juega parte de su credibilidad en cómo responda a estas denuncias. La ciudadanía y los entes de control reclaman que se esclarezca la ejecución de cada contrato y se garantice la rendición de cuentas, pues sólo así podrán disiparse las dudas sobre posibles actos de corrupción y malversación en el manejo del presupuesto público.
Otro contrato de ñapa
El pasado mes de abril, la Alcaldía Municipal de Ibagué concluyó el proceso de contratación directa AI‑CD‑ARR‑600‑2025, mediante el cual se formalizó el contrato de arrendamiento de un inmueble destinado a centralizar diversas secretarías y oficinas de atención ciudadana. El contrato fue adjudicado a la sociedad Inverlyc S.A.S., identificada con NIT 900.575.332‑2.
El bien arrendado se ubica en la Carrera 2 No. 17‑18 B, en el barrio Centro de Ibagué, finca con matrícula inmobiliaria 350‑207551 y ficha catastral 01‑02‑0079‑0001‑000. Cuenta con amplios espacios adecuados para el funcionamiento simultáneo de dependencias como Desarrollo Social y Comunitario, Grupos Étnicos, Mujer, Género y Diversidad Sexual, Educación y la Oficina del Sisben.
El arrendamiento tendrá una vigencia de 300 días calendario, con fecha de inicio inmediata tras la firma y vencimiento el 16 de diciembre de 2025. El valor total pactado asciende a 1.670.633.860 pesos colombianos, según la justificación presupuestal y la disponibilidad de rubros asignados en la presente vigencia fiscal. La Alcaldía optó por la contratación directa debido a la supuesta falta de oferta de otros inmuebles que cumplieran con los requerimientos de espacio y ubicación en el área central de la ciudad. La decisión responde a la necesidad de garantizar la operatividad de las oficinas y la atención oportuna a la comunidad ibaguereña.
Inverlyc S.A.S. figura como locataria en el leasing inmobiliario suscrito con BBVA Colombia S.A., entidad que mantiene la titularidad del contrato de arrendamiento financiero. El representante legal de Inverlyc es el señor Carlos José Alvarado Molina, uno de los representantes legales de la empresa MERCACENTRO. Con este contrato, la Administración dice buscar fortalecer la operatividad de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, la Dirección de Grupos Étnicos y Población Vulnerable, la Dirección de Mujer, Género y Diversidad Sexual, la Secretaría de Educación y la Oficina del Sisben, optimizando la atención a poblaciones prioritarias y mejorando la coordinación interinstitucional.
| Concepto | Cálculo | Resultado |
|---|---|---|
| Valor total del contrato | — | 1 670 633 860 COP |
| Duración del contrato | — | 10 meses |
| Pago mensual | 1 670 633 860 COP ÷ 10 meses | 167 063 386 COP/mes |
| Área total arrendada | — | 3 925 m² |
| Tarifa mensual por m² | 167 063 386 COP/mes ÷ 3 925 m² | 42 578 COP/m²·mes |
Es decir, que el rango de negociación sería de $120.000.000 COP mensuales (usando $30.500 COP/m²) para los 3.925 m².
Análisis y Transparencia de los público
Datos del SECOP revelan que la Alcaldía de Ibagué pagó $12.091 millones en nueve contratos de arrendamiento para las secretarías de Salud y Hacienda entre 2021 y 2025, con montos que van desde $563 millones hasta $2.223 millones, sin un plan claro de infraestructura propia.
La revisión de los procesos de contratación pública disponibles en el SECOP evidencia un incremento sostenido en el gasto de arriendos para sedes institucionales. En 2023, el contrato más elevado, por $2.223 millones, cubrió un periodo de marzo de 2023 a marzo de 2024, seguido de cerca por un arrendamiento de $2.153 millones entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Estos valores contrastan con el promedio de $1.343 millones por contrato, lo que plantea dudas sobre la optimización del presupuesto municipal.
| # | Monto | Objeto del contrato | Inicio | Terminación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,223,450,000 | RP19 – Arrendamiento inmueble Secretaría | 2023-02-15 | 2024-03-28 |
| 2 | $2,153,808,533 | RP19 – Arrendamiento inmueble Secretaría | 2024-03-22 | 2025-03-29 |
| 3 | $1,747,200,000 | RP19 – Arrendamiento inmueble Secretaría | 2022-02-07 | 2023-02-06 |
| 4 | $1,363,270,810 | RP19 – Arrendamiento inmueble Secretaría | 2025-03-29 | 2025-10-30 |
| 5 | $1,229,676,300 | RP20 – Arrendamiento inmueble Secretaría | 2024-02-17 | 2025-05-14 |
| 6 | $1,020,600,000 | Arrendamiento inmueble Secretaría | 2021-06-03 | 2022-01-16 |
| 7 | $902,160,000 | RP20 – Arrendamiento inmueble Secretaría | 2022-02-07 | 2023-02-06 |
| 8 | $887,124,000 | RP20 – Arrendamiento inmueble Secretaría | 2023-02-23 | 2024-02-14 |
| 9 | $563,850,000 | Arrendamiento inmueble Secretaría | 2021-06-28 | 2022-01-11 |
Tabla 1. Relación de mayor a menor de los montos de arriendos de las Secretaría de Salud y Hacienda.
Para la Secretaría de Salud, la Alcaldía repitió objetos contractuales año tras año bajo los procesos RP19 y RP20, alcanzando cifras de $1.747 millones (2022–2023) y $1.363 millones (2025) en inmuebles destinados a atención y gestión sanitaria. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda registró contratos de $1.229 millones (2024–2025) y $1.020 millones (2021–2022), sin que hasta la fecha se haya divulgado un estudio comparativo que justifique por qué no se optó por compras o construcción de espacios propios.
El análisis de los plazos de contratación —generalmente de 11 a 13 meses— revela una práctica recurrente de fragmentar los procesos para evitar licitaciones de largo plazo y favorecer la renovación anual de los arrendamientos. Esta modalidad incrementa la burocracia, limita la planeación y puede encubrir sobrecostos o vínculos políticos con los arrendadores. No hay evidencia de informes técnicos que garanticen criterios de eficiencia ni estudios de mercado que respalden los precios pactados.
En total, la Alcaldía de Ibagué compromete más de $12.091 millones en arriendos que no generan activos permanentes para la ciudad. Expertos en transparencia y control político advierten que este volumen de gasto corriente sin un plan de infraestructura patrimonial daña la salud fiscal del municipio y alimenta percepciones de despilfarro y clientelismo. El llamado a las veedurías y a la Contraloría Municipal es claro: exigir rendición de cuentas, publicar los estudios de viabilidad y replantear una política de espacios institucionales que priorice la eficiencia y el interés público.
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