La Ministra de Agricultura respondió a las denuncias del gremio Dignidad Agropecuaria contra los molinos de arroz, advirtiendo que el incumplimiento de la regulación de precios podría generar sanciones y afectar la sostenibilidad del sector.
La Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondió a las denuncias presentadas por el gremio campesino Dignidad Agropecuaria, que acusó a la industria molinera del arroz de incumplir la resolución que establece un precio mínimo para la compra del paddy verde. La funcionaria destacó que la normativa, que fue implementada tras el reciente paro arrocero, es de obligatorio cumplimiento para todos los actores de la cadena productiva.
El director de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, alertó sobre el incumplimiento de los molinos, quienes no estarían pagando el precio mínimo establecido. Según Gutiérrez, esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los productores, lo que podría reactivar nuevas movilizaciones en defensa de los derechos de los campesinos. Además, denunció intentos de algunos molinos de desconocer los precios pactados mediante propuestas de colusión.
La Ministra Carvajalino, en una entrevista con W Radio, fue clara al señalar que la fijación de precios no es opcional y que cualquier intento de eludir la resolución 241, que regula el precio del paddy verde, podría traer sanciones. “Los actores de la cadena deben entender que esta resolución es para garantizar la estabilidad y la competitividad del sector”, afirmó la ministra.
La resolución que fijó el precio mínimo surgió tras varios intentos fallidos de concertación entre los productores, los industriales y los comercializadores del arroz. Carvajalino explicó que, debido a la crisis interna y externa de precios, el Ministerio se vio obligado a intervenir para asegurar un precio justo para los agricultores.
La funcionaria subrayó que los precios bajos para la compra del paddy verde afectan directamente a los productores, quienes ya enfrentan altos costos de producción y dificultades para comercializar su cosecha. “Es fundamental que los molineros respeten el precio mínimo para asegurar la viabilidad de la producción local”, agregó.
Carvajalino también instó a los actores de la cadena del arroz a llegar a un consenso para evitar nuevas crisis. Destacó que el objetivo del Gobierno es lograr precios razonables que beneficien a todos los eslabones de la cadena y garantizar que el arroz se mantenga en la mesa de los colombianos a un precio justo.
La ministra insistió en que el incumplimiento de la resolución 241 tendrá consecuencias. Los molineros que compren el arroz por debajo del precio mínimo estarán sujetos a sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, anunció que el Gobierno seguirá monitoreando la situación mediante mesas técnicas y un consejo ampliado de arroz con todos los actores involucrados.
Finalmente, Carvajalino reafirmó el compromiso del Ministerio de Agricultura con la estabilidad del sector y aseguró que seguirán trabajando para que el precio del arroz se mantenga accesible para los consumidores sin afectar la rentabilidad de los productores.
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