La cartera de salud exigió vigilancia y seguimiento del manejo de recursos destinados a cubrir operación corriente en la Unidad de Salud de Ibagué (USI), en medio de denuncias por uso desproporcionado en nómina y deterioro en atención médica.
El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de su Secretario General Rodolfo Enrique Salas Figueroa, solicitó formalmente la adopción de medidas urgentes para garantizar el uso adecuado de los $10.000 millones girados a la Unidad de Salud de Ibagué (USI). Dichos fondos fueron asignados bajo la Resolución 1981 del 11 de octubre de 2024, con el objetivo de financiar obligaciones de operación corriente .
Ante las denuncias hechas en sesiones de control político en el Concejo Municipal, se advierte que el 72 % del presupuesto de 2024 —equivalente a $59.000 millones— se destinó a nómina y contratos, mientras se registran deficiencias estructurales en los servicios médicos y la atención al público.
Rodolfo Enrique Salas Figueroa, secretario general del Ministerio, firmó el oficio en el que expresa la preocupación de la cartera de salud por el manejo de los recursos asignados mediante la Resolución 1981 del 11 de octubre de 2024. El giro oficial se realizó el pasado 22 de julio de 2025 y se encuentra actualmente bajo la administración de la USI.
Según el Ministerio, los fondos provienen de rubros estratégicos como el “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100”, el “Plan Nacional de Salud Rural” y el “Mejoramiento de la Red de Urgencias y Atención de Enfermedades Catastróficas y Accidentes de Tránsito”, los cuales tienen como propósito fortalecer el sistema público de salud en todo el país.
Sin embargo, durante debates de control político en el Concejo Municipal de Ibagué se revelaron posibles anomalías en el uso de estos recursos, señalando que el 72 % del presupuesto 2024 —unos $59 mil millones— se destinó a nómina permanente, temporal y contratos por prestación de servicios, sin una mejora visible en la calidad del servicio médico.
Entre las principales quejas está la falta de equipos médicos, el mal estado de los quirófanos, la carencia de medicamentos y la suspensión de servicios esenciales. Estos hallazgos han generado alarma entre concejales, líderes comunitarios y usuarios del sistema de salud local.
Por ello, el Ministerio reiteró su llamado a la alcaldesa Johana Aranda y a la gerente de la USI para que implementen acciones concretas de seguimiento, auditoría y rendición de cuentas sobre el manejo de estos recursos. La petición incluye evaluar si la actual gerente incurrió en alguna causal de retiro del cargo, conforme al artículo 20 de la Ley 1797 de 2016.
La comunidad médica y organizaciones ciudadanas también han pedido la intervención de entes de control como la Contraloría y la Procuraduría para esclarecer el uso del dinero y garantizar que se cumpla el derecho fundamental a la salud, especialmente en zonas vulnerables de la ciudad.
Mientras tanto, el Ministerio dejó claro que continuará haciendo seguimiento a la situación en la capital tolimense y no descarta tomar decisiones administrativas si se detecta malversación o incumplimiento de los fines para los cuales fueron asignados los $10 mil millones.
-TV STREAMIGN REGIONAL -
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
