El Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La decisión se fundamenta en el supuesto incumplimiento de la sentencia T-343 de 2022, emitida por la Corte Constitucional, que ordenaba la suspensión de la comercialización del pesticida clorpirifós en Colombia.
En respuesta, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado, aseguró que la orden judicial ya fue cumplida en su totalidad y que la competencia para ejecutar el fallo recae exclusivamente en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). “Dicha orden fue cumplida en su totalidad por parte del ICA, con el apoyo de esta cartera ministerial, con la expedición de la Resolución No. 6365 del 6 de junio de 2023”, precisaron.
La resolución mencionada ordenó medidas como la suspensión inmediata de la comercialización del clorpirifós, la negación de nuevas solicitudes de registros de productos con esta sustancia y la eliminación definitiva de su uso en el territorio nacional. Además, contempló sanciones para quienes incumplieran las disposiciones establecidas.
El Ministerio reiteró que no tiene competencia directa sobre el ICA, al tratarse de una entidad adscrita al sector agropecuario y no al sector salud. “El Ministerio de Salud no puede ejercer control ni vigilancia sobre el ICA, conforme a la estructura administrativa del país”, explicó la cartera en su pronunciamiento.
Asimismo, la entidad señaló que “existe carencia actual de objeto por hecho superado”, debido a que las acciones requeridas en el fallo ya fueron implementadas por el ICA. En ese sentido, aseguraron que no procede imponer sanciones al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Por esta razón, el Ministerio de Salud informó que acudirá al grado de consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para controvertir la decisión del Juzgado Penal. El objetivo es demostrar la improcedencia del incidente de desacato y confirmar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.
Finalmente, desde la cartera ministerial recalcaron que seguirán respetando el marco legal y los principios de competencia administrativa, reiterando que el cumplimiento de las funciones está debidamente delimitado por la normativa vigente.
