El ministro Antonio Sanguino reveló que ya se han recibido cerca de 300 denuncias contra empresas en el Tolima por incumplir el incremento salarial de 2026, mientras defendió que el aumento no ha afectado el empleo.
En medio de su visita a Ibagué, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentó un balance sobre el comportamiento del empleo en el país y lanzó una fuerte advertencia a las empresas que no han aplicado el aumento del salario mínimo decretado para 2026.
El alto funcionario destacó que, según la más reciente Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, tanto la tasa de desempleo como la informalidad han mostrado una reducción significativa, desvirtuando los pronósticos negativos que surgieron tras el incremento salarial.
Sanguino cuestionó abiertamente a sectores económicos y gremiales que, en su momento, advirtieron sobre una supuesta pérdida masiva de empleos. Según el ministro, dichas proyecciones no se cumplieron y, por el contrario, los indicadores laborales reflejan una tendencia positiva.
“Se habló de una catástrofe laboral que nunca ocurrió”, enfatizó el funcionario, al referirse a las críticas de dirigentes empresariales como Jaime Alberto Cabal, a quienes señaló de promover discursos contrarios a la ampliación de derechos laborales.
Durante la rueda de prensa, el jefe de la cartera laboral también informó que la Dirección Territorial del Ministerio ha recibido al menos 300 denuncias en el Tolima contra empresas que no han aplicado el incremento del salario mínimo, fijado en un 23,7 % para este año.
El ministro fue enfático en advertir que las compañías que incumplan esta obligación se exponen a sanciones administrativas severas, que pueden incluir multas económicas e incluso el cierre temporal o definitivo de los establecimientos.
Asimismo, aclaró que las demandas presentadas ante el Consejo de Estado no suspenden la aplicación del aumento salarial, por lo que su cumplimiento es obligatorio desde el inicio de su vigencia.
Finalmente, Sanguino reiteró el llamado a los empleadores para acatar la normatividad laboral vigente y garantizar los derechos de los trabajadores, al tiempo que aseguró que el Gobierno continuará con labores de inspección, vigilancia y control para evitar abusos y fortalecer las condiciones laborales en el país.
