El Ministerio de Trabajo sancionó a Charry Trading S.A.S. tras comprobar acoso y hostigamiento contra empleados. Además, remitió a la Fiscalía copias para investigar a uno de sus directivos por presunto falso testimonio.
El Ministerio de Trabajo impuso una sanción histórica a la empresa Charry Trading S.A.S., reconocida distribuidora de cárnicos en Ibagué, tras comprobar graves casos de maltrato laboral, hostigamiento y amenazas contra sus trabajadores. La multa asciende a más de $1.016 millones y se convierte en una de las decisiones más contundentes en materia de protección de derechos laborales en el Tolima.
El expediente detalla que al menos siete empleados denunciaron situaciones de humillación y acoso en septiembre de 2023. Entre los hechos más graves se encuentra un episodio ocurrido el 16 de ese mes, cuando varios trabajadores fueron obligados a realizar una “formación militar” dentro de las oficinas de la compañía, ubicadas en el centro comercial Aqua. Durante la actividad, habrían sido víctimas de improperios y presiones psicológicas.
Según las denuncias, uno de los empleados terminó con incapacidad médica derivada de estrés y ansiedad laboral, como consecuencia de los tratos recibidos. Los testimonios fueron respaldados por videos difundidos en redes sociales, donde se evidencian insultos, gritos y amenazas en contra del personal. Estos elementos constituyeron las principales pruebas del proceso disciplinario adelantado por el Ministerio.
La sanción económica se desglosa en tres componentes: $508 millones por vulnerar tratados internacionales de protección laboral y derechos humanos, $254 millones por no garantizar el respeto a la dignidad personal de los trabajadores y $254 millones adicionales por restringir derechos fundamentales. En total, las multas superan los $1.016 millones, además de posibles intereses moratorios.
El Ministerio advirtió que, de no pagar la suma en un plazo máximo de 15 días hábiles, se iniciará un proceso de cobro coactivo contra la compañía. Esta medida busca garantizar que las sanciones no queden en el papel y que exista una reparación económica proporcional al daño causado. La decisión también pretende sentar un precedente frente a casos similares en el país.
Cabe recordar que, en un inicio, el caso estuvo cerca de archivarse en septiembre de 2023. Sin embargo, el entonces viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, decidió mantener abierta la investigación al considerar que existía material probatorio suficiente para adelantar las actuaciones administrativas. Esa determinación fue clave para llegar a la sanción actual.
De manera paralela, la Procuraduría remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue a Diego Fernando Charry Parra, socio y directivo de la compañía, por el presunto delito de falso testimonio. La medida busca establecer si hubo intentos de obstrucción en el proceso mediante declaraciones contrarias a la verdad.
Por ahora, los sancionados tienen la posibilidad de apelar la decisión y ejercer su derecho a la defensa. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo reiteró que seguirá vigilante frente a las denuncias de maltrato laboral y que este caso marca un hito en la lucha por el respeto de la dignidad de los trabajadores en Ibagué y el resto del país.
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