El Ministerio del Trabajo sancionó a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) con una multa superior a $499 millones por no entregar de forma completa la dotación de vestuario y calzado a sus funcionarios, tras múltiples denuncias del sindicato SINDOFIBAL.
El Ministerio del Trabajo impuso una sanción económica de $499.531.584 a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P.), luego de comprobar que la entidad incumplió con la entrega oportuna y completa de la dotación de vestuario y calzado a sus trabajadores oficiales. La medida fue emitida mediante la Resolución No. 707 del 8 de octubre de 2025 y notificada oficialmente a la empresa en Ibagué.
La decisión se produjo tras una investigación administrativa iniciada por denuncias de la Organización Sindical de Trabajadores Oficiales del IBAL (SINDOFIBAL), que alertó desde 2023 sobre las precarias condiciones en las que laboraban los funcionarios encargados del mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. El Ministerio determinó que la empresa violó el Artículo 42 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, que obliga a garantizar dicha dotación de manera anual, completa y de calidad.
De acuerdo con el acta firmada por la inspectora María Patricia Angee Torres, el IBAL reincidió en la falta pese a los reiterados llamados del sindicato y del propio Ministerio. La entidad fue sancionada con base en el valor de 43.242 UVB (Unidades de Valor Básico 2025), que serán destinadas al Fondo para el Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo y la Seguridad Social (FIVICOT).
El presidente de SINDOFIBAL, Jorge Raúl Ballesteros Patiño, afirmó que la sanción ratifica las denuncias hechas por los trabajadores desde hace más de dos años. “Como se puede evidenciar en fotografías, más de un año duraron laborando con botas rotas, ropa desgastada y sin elementos básicos de protección. Era una situación indignante que ponía en riesgo la salud y la seguridad de los empleados”, señaló el líder sindical.
Ballesteros agregó que la entrega de dotaciones en 2024 tampoco cumplió con las condiciones exigidas. “Las botas se rompían con facilidad y la ropa era de pésima calidad. El Ministerio nos dio la razón después de casi tres años de insistir. Esta decisión demuestra que la vulneración a los derechos laborales no puede seguir normalizándose”, enfatizó.
En la resolución se advierte que el IBAL deberá cancelar la multa dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación oficial. En caso de incumplimiento, la entidad podría enfrentar intereses moratorios y nuevas medidas sancionatorias. Asimismo, la empresa está obligada a entregar de forma completa y adecuada las dotaciones correspondientes a la vigencia 2024 a todos los trabajadores afiliados al sindicato.
El Ministerio del Trabajo recordó que la entrega de vestuario y calzado no es un beneficio discrecional, sino una obligación legal destinada a proteger la seguridad industrial y la integridad física de los trabajadores. La omisión de este deber representa una falta grave conforme a la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, que regulan las condiciones de trabajo del personal oficial.
En un comunicado posterior, SINDOFIBAL destacó que esta sanción no debe entenderse como un castigo aislado, sino como una oportunidad para fortalecer las relaciones laborales en el IBAL y garantizar un ambiente digno. “No buscamos afectar a la empresa, sino promover el respeto a los derechos fundamentales de quienes sostienen el servicio público del agua en la ciudad”, expresó la organización sindical.
El caso del IBAL se suma a otros procesos de control laboral abiertos en la región del Tolima, donde el Ministerio ha venido reforzando la inspección a entidades públicas y privadas que incumplen convenios colectivos. La Dirección Territorial Tolima continuará verificando el cumplimiento de la sanción y la entrega completa de la dotación laboral en los próximos meses.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional envía un mensaje claro sobre la importancia de la seguridad laboral y la responsabilidad administrativa de las entidades públicas frente a sus trabajadores. Mientras tanto, el sindicato anunció que seguirá vigilando de cerca el proceso para garantizar que se cumpla integralmente la resolución y se restablezcan los derechos vulnerados.
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