La Alcaldía de Ibagué ha impuesto una multa de $3.914 millones al consorcio Puente Carrera Quinta, contratista responsable del puente elevado de la calle 60, tras declarar formalmente el incumplimiento del contrato. La decisión, plasmada en la resolución No. 1400-1346 del 4 de junio de 2024, se tomó después de ocho sesiones iniciadas el 24 de abril.
El proyecto, adjudicado en abril de 2023, mostró un avance de obra del 5,67% sin alcanzar un estado satisfactorio. Las diligencias del proceso sancionatorio enfrentaron suspensiones debido a solicitudes de los abogados del contratista y amenazas de muerte contra Margarita Rueda, jefa de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, quien ahora cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Administración Municipal detalló varias faltas del consorcio, incluyendo la falta de justificación para el uso del anticipo económico y la decisión de no continuar con la obra debido a problemas financieros. Además, el contratista no presentó la actualización de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, necesaria para respaldar la ejecución del contrato.
Durante las audiencias, se confirmaron denuncias sobre el manejo irregular del anticipo económico de $1.600 millones, desviados hacia empresas de familiares del contratista Olaguer Agudelo Prieto. El consorcio no presentó los soportes necesarios para justificar estos fondos, lo que generó dudas sobre su uso adecuado.
El consorcio Puente Carrera Quinta podría enfrentar reclamaciones judiciales por parte de la Alcaldía debido al impacto social y los costos incurridos en la intervención del proyecto. Sin embargo, el contratista Roberto Gutiérrez Daines alegó que las fallas en los estudios y diseños del proyecto, realizadas bajo la administración del exalcalde Andrés Hurtado, hicieron inviable la ejecución desde el inicio.
Gutiérrez Daines reveló en audiencia que el proyecto “nació muerto” debido a la falta de recursos y claridad en los diseños entregados por la administración. Contradijo así la versión de Hurtado, quien culpó a otras entidades por el fracaso del proyecto. La Alcaldía, según Gutiérrez Daines, no tenía los fondos necesarios para la compra de predios, lo que impidió el desarrollo del diseño geométrico.
Margarita Cifuentes, directora de Contratación de la Alcaldía, calificó de contradictorio al contratista por continuar con el contrato a pesar de considerarlo inviable. La administración de Johana Aranda, por su parte, parece dispuesta a revisar profundamente el proyecto antes de lanzar una nueva licitación, desobedeciendo así al exalcalde Hurtado.
La alcaldesa Aranda anunció que se realizará un estudio juicioso con la participación de la academia y sectores sociales para tomar la mejor decisión para la ciudad, evitando así repetir los errores que llevaron al actual fracaso del proyecto.
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